Rosario de pleitos en EEUU por embriones congelados

A Mimi Lee le diagnosticaron un cáncer de mama 10 días antes de la fecha prevista para su boda, en el 2010. Consciente de que el tratamiento podría dejarle estéril o poner en riesgo su feto si se quedaba embarazada, esta anestesióloga californiana decidió retrasar la lucha contra la enfermedad y, con su marido, el inversor Stephen Findley, inició un proceso de reproducción asistida en el centro de Salud Reproductiva de la Universidad de San Francisco, creando con óvulos de ella y esperma de él cinco embriones que fueron congelados.

La pareja se separó en el 2013, y cuando el marido pidió el divorcio solicitó que se cumpliera un acuerdo firmado en la clínica según el cual los embriones serían destruidos en tal eventualidad. Lee, que ahora tiene 46 años y según un experto médico es estéril, está intentando frenarle en los tribunales. «Tiene derecho a procrear y su única oportunidad son esos embriones», ha declarado Maxwell Pritt, su abogado.

El caso está desde julio en manos de la jueza de San Francisco Anne-Christine Massullo, que escuchará los argumentos finales este mes, y se está siguiendo con expectación en Estados Unidos, aunque no es el primero ni será el último. La creación de pre-embriones congelados (el término técnico para embriones que aún no han sido implantados) es un método en auge en el país, donde se calcula que puede haber hasta un millón de ellos preservados en nitrógeno líquido. Treinta años después del primer nacimiento asociado a esta técnica, la expansión de su uso ha multiplicado los interrogantes y debates, legales y morales.

Emociones y contratos

La mayoría de las disputas legales se resuelven en EEUU a favor de la parte que desea evitar la procreación. En dos decisiones recientes, no obstante, tribunales de Pensilvania e Illinois han dado los embriones a mujeres que querían usarlos, y que, como Lee, tenían conmovedoras historias personales relacionadas con el cáncer y la esterilidad. Ninguna de las dos, no obstante, había firmado un contrato con su pareja.

En el caso de Lee y Findley podría parecer que no hay discusión al existir ese documento, en el que se contemplan otros escenarios aparte del divorcio (como la muerte de uno de los firmantes, que daría el control de los embriones al viudo o la viuda).

Lee ha testificado que interpretó el documento como una mera directiva y dice que lo leyó de forma similar a como se lee el contrato de un teléfono móvil. Ella y su abogado han hecho en el juicio apelaciones emocionales. Pero se enfrentan no solo a Findley, también a la Universidad de California, que guarda sus pre-embriones congelados.

Dean Masserman, uno de los abogados del centro, ha testificado que el contrato que Lee y Findley firmaron «entendiendo que sería vinculante» y sin hacer preguntas, «tiene que ser mantenido y aplicado». Muchos expertos coinciden en señalar que la magistrada tiene la oportunidad de sentar un precedente, al menos en California, y dar respaldo legal a este tipo de acuerdos.

«¿Qué hay que poner en esos contratos para hacerlos impenetrables? -se preguntaba recientemente en ABC Areva Martin, una analista legal-. El tribunal necesita dar a la gente y a las clínicas de fertilidad más dirección». Mientras, la académica de Georgetown Susan Crokin sugería en MSNBC añadir al contrato habitual que ofrecen las clínicas de reproducción asistida otro firmado directamente entre las partes que debería ser «extremadamente claro y sin ambigüedades».

Ni leyes ni lenguaje

La respuesta a los vacíos legales varía según el estado. Algunos, como Nueva York o Texas, optan por ordenar la aplicación de los contratos, pero otros no. En el año 2000, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Massachussetts llegó a la conclusión, tras una disputa de divorcio, de que, «como asunto de política pública, la procreación forzada no es un área abierta a aplicación judicial».

Por no haber no hay siquiera unanimidad en el lenguaje. En un caso reciente, en el juicio se hablaba en unos momentos de «custodia» de los embriones y en otros de «disposición». Como le ha dicho a The New York Times Alta Charo, especialista en bioética de la Universidad de Wisconsin, «no sabemos si en EEUU los embriones van a ser tratados como propiedad o no, como niños o no, o como algo diferente».