La implantación de la LOMCE costará 170 millones de euros solo en Catalunya

La'consellera' de Ensenyament, Irene Rigau, calcula que, solo en Catalunya, la implantación de laley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE)costará "más de 170 millones de euros" el tercer año, prácticamente el 42% del presupuesto global que elministro de Educación, José Ignacio Wert, tiene pensado distribuir entre las 17 comunidades autónomas españolas para el despliegue de la reforma educativa. Por eso, Rigau reclamará este jueves, en la reunión de la Comisión Sectorial de Educación, la retirada de la polémica reforma. Las comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Asturias y Canarias) denunciarán que la memoria económica de la ley consolida un recorte estructural de inversión en el sistema educativo mientras se gasta dinero en medidas de segregación de alumnado.

El último borrador remitido por el ministerio cifra en 408 millones el coste directo en los próximos tres años para implantar la futura a ley y también admite un posible retraso en la implantación de la reforma educativa hasta el curso 2015-2016. Las comunidades autónomas tendrían que afrontar serán los llamados costes indirectos de implantar la reforma y que, según Educación, dependerán de cuánto se logre reducir el abandono escolar, y por tanto escolarizar a más alumnos, y derivar a más estudiantes a FP, estudios que son más costosos por su dimensión práctica. Para esos costes el ministerio plantea tres escenarios, con un gasto de entre 50, 334 y 927 millones de euros anuales.

DILUIR COMPETENCIAS

Además de reiterar que los cálculos de Wert son "erróneos" y no casan con sus estimaciones, Rigau ha criticado muy duramente, a la entrada de la sectorial, que la LOMCE "más que mejorar el sistema educativo, se dedica a diluir las competencias del Estatut y a convertir senetencias judiciales en ley". "Queda claro -ha agregado- que su verdadero objetivo es homogeneizar y centralizar las políticas educativas". Según Rigau, "se pueden adoptar medidas para mejorar la educación sin necesidad de afrontar una nueva ley para la que ni ministerio ni comunidades tienen recursos suficientes"

Uno de los puntos más polémicos es la reducción de la carga horaria en bachillerato, debido a la disminución de asignaturas planteada en la reforma. La consejera de Andalucía, Mar Moreno, considera que esto servirá para suprimir 4.800 profesores, mientras el ministerio sostiene que se redistribuirán las plantillas docentes en las distintas enseñanzas. "Al recorte de profesores -ha asegurado Moreno- se une el de programas de refuerzo, lucha contra el abandono escolar y escuelas infantiles, mientras se gasta dinero en nuevas medidas para poner barreras, en reválidas y en segregación. Lo único que se presente es cambiar la talla de la escuela, pasar de una escuela pública con recursos para todos, a una educación barata y de baja calidad".

PARA EL CURSO 2014-15

La reforma educativa no llegará a tiempo para el próximo curso. El proceso de redacción del texto ha sido más largo y complejo de lo esperado por el Gobierno. Ha sido necesaria la elaboración de dos borradores de anteproyecto para sortear las dudas de las comunidades autónomas (incluidas las del PP). Así las cosas, en el Ministerio de Educación ya asumen que la ley se empezará a aplicar en el curso 2014-15, o quizás incluso más tarde, en el 2015-16. Además, la normativa se implantará gradualmente y no estará totalmente adaptada hasta cuatro años después de su entrada en vigor.

El pasado diciembre, la Comisión Sectorial de Educación dio el visto bueno, gracias a la mayoría de comunidades gobernadas por el PP, al segundo borrador del anteproyecto de ley. Tras la previsible aprobación hoy de la memoria económica, el próximo paso se vivirá este mismo jueves con la aprobación del texto en el Consejo Escolar del Estado. Un mero trámite en el que se volverá a poner de manifiesto el rechazo a la normativa de los sindicatos de profesores, alumnos y asociaciones de padres. Después, el anteproyecto se enviará al Consejo de Estado y posteriormente será aprobado como proposición de ley por el Consejo de Ministros. En el calendario del Ejecutivo está que la tramitación parlamentaria termine antes del verano, demasiado tarde para implantarse en el curso 2013-14, que se inicia en septiembre. El ministerio niega que la imposibilidad de aplicar la norma en el próximo curso sea un retraso, sino la muestra de que el departamento ha escuchado y debatido con todos los actores educativos.