Estallido social por una reforma urbanística

La revuelta de Burgos

PATRICIA MARTÍN
BURGOS

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En torno a las siete de la tarde, a cuatro grados de temperatura, los vecinos de Gamonal, un barrio obrero de Burgos, volvieron a desafiar ayer las temperaturas invernales que asolan esta ciudad castellanoleonesa y se echaron a la calle para solicitar la paralización de la construcción de un bulevar en la vía principal de la barriada. Llevan cuatro días de lucha, desde que el pasado viernes las máquinas contratadas por el ayuntamiento del PP pusieron patas arriba buena parte del asfalto de la calle sin previo aviso y después de dos años de protestas pacíficas por parte de los vecinos y los grupos de la oposición (PSOE, IU y UPD). Desde entonces se organizan en grupos para no abandonar la 'zona cero' e impedir así que las obras prosigan. Por la noche, la lucha pacífica se trasforma en contienda y los gritos de «Gamonal no quiere el bulevar» se convierten en pedradas, incendio de contenedores y ataques, principalmente a las sucursales bancarias. La revuelta, que se repitió anoche, se ha saldado ya con cerca de 50 detenidos y al menos 15 heridos, lo que ha hecho que el conflicto haya centrado incluso la atención de la prensa internacional.

La reforma diseñada por el consistorio prevé la construcción de un bulevar que debe transformar una calle con cuatro carriles en una tranquila vía con un carril bici y zonas peatonales. El sueño de cualquier vecindario. Sin embargo, en Burgos ha sido la gota que ha colmado el vaso de un barrio acostumbrado a que cada logro, desde el asfaltado a la construcción del centro de salud, se haya logrado gracias a la lucha vecinal. Gamonal está lleno de jóvenes sin trabajo que consideran un «derroche» que uno de los ayuntamientos «más endeudados de España» se gaste ocho millones de euros (de un presupuesto de 210 millones) en una obra puramente estética y no en servicios sociales o en ayudar al censo de 18.000 parados de Burgos.

EL APARCAMIENTO / A esto hay añadir el temor a que la construcción dañe edificios que se construyeron sin apenas cimentación y a todo correr en los años 60, así como el rechazo a que las obras destruyan muchas de las plazas de aparcamiento en superficie, remando así en contra de uno de los principales problemas del barrio: la falta de aparcamiento. El proyecto prevé la edificación de un párking subterráneo con 246 plazas, pero destruye bastantes más. Además, cada aparcamiento costarán en torno a 20.000 euros, un montante difícil de alcanzar para la mayoría de los residentes de la zona.

Por último, el hartazgo vecinal está relacionado con el hecho de que el «principal beneficiario» del proyecto, según los residentes, sea el grupo Promecal, que posee varios medios de comunicación locales y cuyo propietario, Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado por corrupción en los años 90, tiene la fama de ser una especie de «alcalde en la sombra».

LA VIOLENCIA / Todas estas razones explican que los habitantes de Gamonal justifiquen que las jornadas de lucha pacífica concluyan en altercados y batalla campal entre los jóvenes y la policía. «Sin la violencia no conseguiríamos tanto eco y no lograríamos parar la obra. Estamos ya cansados de que no nos hagan caso», expresaba ayer desde el anonimato uno de los vecinos de la zona.

La virulencia de los altercados ha provocado que las obras de un bulevar en Burgos se hayan colocado entre los principales problemas del Ministerio del Interior, que se ha visto forzado ha desplazar antidisturbios y otras unidades a la zona. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, achacó ayer los incidentes a «grupos violentos que se desplazan» desde distintos puntos de España allá donde hay un conflicto. Con este argumento, en una entrevista en la cadena SER, justificó la necesidad de reformar la ley de seguridad ciudadana con sanciones severas que hagan remitir las protestas callejeras. Sin embargo, el origen del casi medio centenar de detenidos hasta el momento desmienten esta tesis: todos residen en Burgos y son españoles, salvo un colombiano y dos marroquís, según informó la Subdelegación del Gobierno.

La protesta no ha conseguido que, por el momento, el alcalde, Javier Lacalle, haya dado ni un paso atrás. «No se puede permitir que una minoría de violentos doblegue la voluntad democrática», justificó el domingo. Pese a ello, en las calles de Burgos muchos manifestaban ayer que la presión es tan fuerte que el regidor no tendrá más remedio que detener la obra. De hecho, el PSOE presentará el viernes una moción para exigir, en palabras de su portavoz, Luis Escribano, la paralización de un proyecto «que no resuelve ninguno de los problemas de los vecinos» de Gamonal. Sin embargo, pocos en el barrio pronosticaban que el alcalde aguante hasta esa fecha sin dar marcha atrás, dado que ellos, avisaban, seguirán con las jornadas de «la lucha».