La reválida reactiva el frente autonómico contra la LOMCE

Estudiantes durante unas pruebas de selectividad en la facultad de Biología de la UB.

Estudiantes durante unas pruebas de selectividad en la facultad de Biología de la UB.

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / BARCELONA

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Los consejeros de Enseñanza de las comunidades autónomas contrarias a la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE del ministro José Ignacio Wert, tienen previsto escenificar hoy un nuevo y rotundo desacuerdo con la polémica reforma educativa que se ha empezado a implantar este curso en las aulas españolas. El motivo son, esta vez, las pruebas a las que tendrán que someterse, a partir del 2017, los alumnos que completen la educación secundaria obligatoria (ESO) y el bachillerato, las cuestionadas reválidas. Los representantes de Catalunya, Andalucía, Asturias y Canarias, que han sido citados este mediodía por Wert a una reunión de la conferencia sectorial de Educación en la sede del ministerio, anunciarán hoy acciones contra estas pruebas, que consistirán en un examen de un máximo de 350 preguntas de tipo test, según recoge el borrador de decreto que el ministro presentará hoy a los consejeros.

Las autonomías díscolas con la 'ley Wert' consideran que este decreto no solo invade buena parte de sus competencias (será el Estado el que determine los contenidos de las preguntas y los criterios de evaluación), sino que es también contrario a los avances pedagógicos que se están implantando en las escuelas de sus respectivos territorios. De entrada, critican, con una prueba planteada como un test, con preguntas «en formato de elección múltiple con cuatro alternativas y de respuestas semiconstruidas», como dice el borrador del decreto, difícilmente se podrá valorar si un alumno ha adquirido las competencias básicas en la materia.

OPCIÓN AHORRATIVA

«Es un planteamiento desalineado, es decir, no hay coherencia entre lo que pretenden las pruebas y el formato que tienen esas mismas pruebas», constata Francesc Imbernón, catedrático de Didáctica y Organización Educativa de la Universitat de Barcelona (UB). En su opinión, el ministerio parece haber adoptado este sistema de test, «simplemente para ahorrar, porque de este modo la corrección se puede hacer mediante plantillas y por ordenador». «No es una fórmula que mejore el aprendizaje de los alumnos: al contrario, con ella solo se ve lo en qué falla el estudiante, no lo que realmente sabe», prosigue Imbernón.

CLASIFICACIÓN DE CENTROS

Tampoco están de acuerdo las autonomías contrarias a la LOMCE con la posibilidad (no explícita, aunque sí intuída en la propuesta ministerial) de que los resultados que obtengan los alumnos se hagan públicos y sirvan para elaborar ránkigs de centros educativos. Comunidades como Catalunya y el País Vasco, que realizan desde hace años sus propias pruebas de competencias básicas, siempre se han mostrado contrarias a esta posibilidad. «Además, en este caso, es una evaluación que solo servirá para clasificar, no para mejorar... Cuando este debería ser el verdadero objetivo», indica el profesor de la UB.

«Lo único que consiguen pruebas de este tipo, igual que ocurre por otra parte con PISA, es que se genere desconfianza respecto al profesorado. Y aunque en primaria, se supone que será un examen orientativo, al incorporarse la nota al expediente académico del alumno, también podría acabar teniendo un efecto segregador», advierte el experto.

Aunque responsables autonómicos del PP decían ayer que preferían esperar a la reunión con Wert para hacer pública su postura, otros, como el consejero de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, cerró filas en torno a la propuesta del ministerio. Las pruebas, aseguró Marín «servirán para orientar de la mejor manera posible a los alumnos». Marín atribuyó la oposición de las denominadas comunidades díscolas a una cuestión meramente política. «Queremos que se quite la ideología de la educación, que se acabe [con las reválidas] con un sistema educativo que camina a ciegas », sentenció el consejero castellano-manchego.