Respaldo político a las multas a bancos con pisos vacíos

El camino lo iniciaron en Terrassa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el ayuntamiento de esa ciudad, gobernado en coalición por el PSC e ICV-EUiA. Ahora, esa estrategia, por la que ya se han puesto tres multas de 5.000 euros a bancos por tener pisos desocupados y se han abierto cerca de 700 expedientes más, está llamada a servir de ariete de la acción de la PAH para conseguir que los miles de pisos vacíos que las entidades financieras acumulan tras haber desahuciado a sus propietarios pasen a una bolsa de alquiler social. Eso ha de permitir, según la portavoz de la PAH, Ada Colau, «aliviar la emergencia habitacional» que hay en España. Por el momento, esta nueva estrategia de la PAH cuenta con el apoyo abierto de la Federació de Municipis de Catalunya, el PSC,  ICV-EUiA y ERC, y es vista con buenos ojos por la Associació Catalana de Municipis y CiU.

La intención es extender lo ocurrido en Terrassa a todos los municipios catalanes. Es decir, que mediante la apertura de expedientes y la imposición de multas se intente  forzar a las entidades financieras a ceder para alquiler social esas viviendas  vacías. Es por ello que, ayer por la mañana, la PAH presentó un modelo de moción que va a enviar a todos los partidos políticos catalanes con la petición de que sea debatida en todos los ayuntamientos y aprobada por sus respectivos plenos municipales. La moción destaca en su introducción el hecho de que desde el 2007 hasta septiembre del 2013 se efectuaron en España 500.000 ejecuciones hipotecarias, de las cuales 96.927 se realizaron en Catalunya. Según la PAH, en el 2013, «en Catalunya hubo 45 ejecuciones hipotecarias al día».

La PAH insta a los ayuntamientos a recuperar pisos vacíos de bancos

«SI SE QUIERE, SE PUEDE» / Al mismo tiempo, prosigue la moción de la PAH, las administraciones locales «no disponen de vivienda social suficiente.» Así, esta resolución insta a los ayuntamientos a actuar a imagen del de Terrassa y a abrir expediente y multar con sanciones de hasta 500.000 euros a las entidades financieras que mantengan indefinidamente viviendas desocupadas.

«Los ayuntamientos deben implicarse, no pueden escudarse en las competencias estatales. La ley catalana de la vivienda permite sancionar a quienes tengan las viviendas desocupadas. Si se quiere, se puede actuar para recuperar esos pisos para el alquiler social», comentó Colau, que insistió: «La Administración, con las millonarias ayudas con las que ha salvado a los bancos, ya ha pagado de sobras el derecho a poder dar un uso social a esas viviendas».

Ana del Frago, alcaldesa de Barberà del Vallès y responsable de vivienda de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC, que agrupa fundamentalmente a ayuntamientos gobernados por la izquierda), expresó ayer su «apoyo a la PAH» y se mostró partidaria de esa medida «y de cualquier acción que permita que las viviendas que acumulan los bancos se destinen a alquiler social». «Hace mucho que escuchamos y que colaboramos con la PAH y vamos a seguir haciéndolo», comentó Del Frago, que destacó la importancia de «hacer un censo para saber cuántas viviendas en cada municipio están en manos de bancos».

LÍNEA A SEGUIR / La otra gran entidad municipalista, la Associació Catalana de Municipis (ACM, que reúne a la mayoría de ayuntamientos nacionalistas), se mostró favorable a debatir esa moción, aunque sin el entusiasmo de la FMC. «Es una buena propuesta que debe ser debatida en los ayuntamientos. Cada municipio es único y tiene sus características, por eso no vale una solución única», comentó Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar y presidente de la ACM.

Josep Mayoral, alcalde de Granollers y responsable de política municipal del PSC, invitó «a todos los alcaldes socialistas a estudiar esta moción y el caso de Terrassa». «Nos  parece», agregó, «una buena línea a seguir».

Salvador Milà, de ICV, mostró el apoyo de su formación a la moción de la PAH y avanzó: «Los municipios gobernados por Iniciativa la aplicarán. De hecho, ya estamos aplicando medidas similares». En su opinión, esta estrategia «ha de permitir poner fin a la impunidad del sistema financiero e inmobiliario».

Roger Torrent, de ERC, expresó el apoyo de su partido «a las medidas que permitan que los pisos de esas entidades financieras que han sido rescatadas pasen a alquiler social».

Lourdes Ciuró, diputada de CiU en el Congreso, valoró la moción, aunque se preguntó si «será efectiva para que esos pisos acaben en el alquiler social o si los bancos se limitarán a recurrir la multas ante la justicia». No obstante, opinó que «sería bueno que muchos ayuntamientos aprobaran esa moción pues sería una manera de forzar al Gobierno del PP a volver a abrir el debate de los desahucios, que tienen absolutamente cerrado».