La regulación de la eutanasia en los casos extremos divide a los médicos

Los padres de Andrea Lago, la niña gallega de 12 años que sufre una grave enfermedad neurodegenerativa, no han solicitado la eutanasia para su hija, sino que se le retiren, o no se apliquen, procedimientos terapéuticos que prolongan una situación de sufrimiento que consideran innecesaria. La historia de Andrea, no obstante, ha reanudado con nuevos elementos el dilema social y sanitario sobre si conviene regular la eutanasia, entendiendo que esa práctica consiste en actuar para que un paciente que solicita morir fallezca tras recibir la sustancia adecuada.

«Es preciso abordar la regulación de una ayuda para morir, o eutanasia [no le gusta el término], porque los avances biomédicos nos están poniendo ante situaciones excepcionales de supervivencia inviable a medio plazo, como es el caso de Andrea, inimaginables hace 20 años», afirma Jaume Padrós, presidente del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB). «No regular conducirá a la criminalización o a la clandestinidad a algunos enfermos», añade. Esas nuevas circunstancias, aún escasas pero siempre terribles, han decantado la opinión de un amplio sector de médicos catalanes, que consideran necesario encauzar legalmente la eutanasia.

El debate, iniciado en el siglo pasado, se cerró en el 2000 con la aprobación de la ley catalana de autonomía del paciente, y la de ámbito estatal promulgada en los mismos términos que aquella en el 2002. Ambas en vigor, permiten que los ciudadanos decidan en qué términos desean ser tratados en caso de sufrir una enfermedad incurable y dolorosa en extremo, que padecerán un tiempo indeterminado en el que solo progresarán a peor. Los médicos y enfermeras que les atiendan están autorizados a utilizar todos los métodos que la tecnología y la farmacopea han desarrollado con el fin de evitar ese dolor, incluso cuando el uso de algunas sustancias analgésicas o sedantes vaya a acortar el plazo de vida previsto. Pero unos y otros -sanitarios y pacientes- en ningún caso pueden proponer un tratamiento que proactivamente ponga fin a esa vida. La eutanasia figura en el Código Penal español.

Un importante número de médicos de Catalunya, no cuantificado pero reconocido por sus colegios profesionales, se muestra claramente partidario de acabar con esa limitación y regular por ley la opción de aplicar la eutanasia en los «casos extremos» en que esta se observe como la opción menos trágica para el paciente que la solicita. Esta regulación, puntualiza Josep Terés, presidente del comité deontológico del COMB, debería garantizar que se actúa por voluntad del paciente -«no de terceras personas»- y asegurar que quien pide ayuda para acabar con su vida no actúa bajo presión, depresión o confusión.

«La práctica de la eutanasia debería quedar fuera del Código Penal, y habría que regular en qué circunstancias se autoriza

-afirma Terés, partidario de dicha normativa-. A ningún médico se le podría obligar a aplicarla, y ningún paciente la recibiría si no la deseara, por más grave que estuviera». En esa regulación, propone Terés, debería prevalecer la voluntad del enfermo, pautando métodos que garantizaran que expresa por convicción profunda una decisión no improvisada, coherente con sus valores personales. «Muchos médicos estarían de acuerdo con encauzar la eutanasia en estos términos -asegura Terés, que propone realizar un referéndum ciudadano sobre el tema-. Complementaría los actuales métodos de cuidados paliativos». Estos tratamientos se aplican en situaciones de enfermedad irreversible y terminal, en el hospital o en el domicilio del paciente.

El doctor Sergi Navarro, responsable de la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Sant Joan de Déu, de Esplugues, uno de los dos servicios de este tipo que existen en España, se muestra completamente contrario a cualquier aplicación legal de la eutanasia. «Considero que la función del médico es controlar los síntomas, eliminar el dolor utilizando todos los recursos de que dispone, incluida la sedación, pero no aplicar la eutanasia, que significa acabar intencionadamente con la vida», afirma Navarro.

Las perspectivas de que prospere una eventual regulación de la eutanasia están vinculadas a la próxima configuración del Parlamento español. El Comitè de Bioètica de Catalunya, el organismo creado por la Generalitat para encauzar el tema, no tiene formada una opinión en estos momentos, asegura su secretario, Josep Maria Busquets, que remite al informe que el organismo publicó en el 2006 -a petición de la exconsellera de Salut Marina Geli- en el que se planteó la necesidad de despenalizar la eutanasia en España. El documento aún es accesible en la página web del citado comité.