La reforma fue un recorte

Cuando, el 3 de agosto, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, firme la convocatoria de las elecciones autonómicas y marque así el final de la legislatura, se cumplirán, día arriba, día abajo, cuatro años desde que su Gobierno recortó abruptamente la renta mínima de inserción (RMI). Cuatro años después de los cuales el Ejecutivo de Mas no ha reformado la prestación, contra lo que se comprometió a hacer entonces. El Govern negó en aquel agosto del 2011 y ha seguido negando que lo que hizo con al RMI fuera un recorte. Primero dijo que había que actuar contra el fraude. Semanas después, la razón era otra: había que poner orden en la prestación. El Govern anunció una reforma, pero practicó un bloqueo: endureció los requisitos de acceso para frenar la inversión.

Sobre todo, se eliminó el derecho subjetivo y se cerró la partida abierta que permitía que quien acreditara el derecho a cobrar la RMI fuera incluido. Ahora, cuando el presupuesto se agota no entra un titular más. La operación la dirigió el entonces conseller de Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, proveniente de las escuelas de negocios. En diciembre del 2010 había 30.284 titulares de la renta mínima (son los que la cobran; sus familiares son beneficiarios: 2,5 por cada titular). En diciembre del 2011, tras el recorte, había 24.765. Ahorro presupuestario: 27 millones de euros.

Se entiende que la falta de recursos económicos pesó mucho. La destrucción del empleo era incesante y los desempleados que agotaban la prestación y el subsidio acudían a la RMI. Pero el Govern no esgrimió esa razón y se reafirmó en que iba a emprender una reforma, mediante una ley que nunca se ha elaborado. El caso apunta ahora a un desenlace paradójico: el Gobierno catalán apuesta de nuevo por una renta mínima de carácter universal, aunque con otro nombre.

ESTRATEGIA

Lo hace como una forma de rechazar la renta garantizada de ciudadanía, que pese a constituir el artículo 23.4 del Estatut tiene todos los números para morir antes de nacer. La ILP de la renta garantizada propone complementar los ingresos de la ciudadanía hasta asegurar que dispone de 664 euros (no pagar 664 euros a todos los ciudadanos sino a garantizar que disponen de esa suma, complementando ingresos inferiores). Sus promotores querían sacar adelante la ILP sin modificaciones. Pero el Govern quiere utilizarla como base para un sistema como el que fue la renta mínima: una ayuda vinculada con la formación que suponga un derecho subjetivo, el que la RMI perdió en el 2011.

LAS ENTIDADES

Entre las entidades sociales, la gestión de la renta mínima ha generado quejas, y la falta de reforma, indignación. La presidenta de Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), Teresa Crespo, también presidenta del comité que asesora a Mas en política social, afirma que es cierto que en el 2011 la RMI había perdido su esencia: «Había sido un programa, un proceso para que la persona se volviera a insertar socialmente. Desde el 2008 fue solo una prestación. Como no había otra, todos fueron a la RMI. La voluntad de los cambios del Govern era evitar que se disparara el presupuesto. Eliminó derechos y recortó la renta mínima. Es cierto que la RMI se estaba utilizando mal, pero lo que se hizo entonces es vergonzoso».

Crespo se refiere a las formas. Por ejemplo, se insinuó que el fraude imperaba entre los titulares de la ayuda, con el acento puesto de forma especial en los extranjeros. La caricaturización duró lo que Mena en el Govern. Cuando Felip Puig le sucedió, todo se apaciguó. Más bregado, el veterano convergente durmió la disputa. Tras el recorte y durante un par de años, el ritmo de acceso a la RMI fue nulo o muy bajo.

Ya en la era de Puig, el Govern elevó el presupuesto, aunque eso no incrementó la nómina de titulares en la misma proporción en la que crecía el dinero, porque una parte sirvió para lubricar las cañerías del sistema, pagar deudas atrasadas. La gente empezó a cobrar antes, los retrasos se redujeron y ahora, dice Joan Aregio, secretario de Ocupació de la Generalitat, «no hay lista de espera». La máxima prevista, de cuatro meses, se cumple, asegura. Aregio admite que no se ha hecho la reforma, pero afirma que el Ejecutivo catalán sí se ha ocupado de la RMI: «El Govern hace un esfuerzo tremendo». Aregio, que juzga inviable la renta garantizada, ve en la ILP una oportunidad de vincularla con la reforma de la RMI. Y subraya que además de dar la prestación, el Ejecutivo de Mas se ha propuesto encontrar trabajo para los titulares de la RMI. De ahí los planes de ocupación. Sí, admite que no han tenido un gran éxito, pero sostiene que tiene un sentido: «Como mínimo, que las personas que participen en los planes de ocupación recuperen el hábito del trabajo. Eso es importante». «Sería injusto decir que estamos como en el 2011», dice, y añade: «Siempre habrá personas de las que deberá ocuparse la sociedad, pero hay que crear un sistema en el que salga más a cuenta trabajar que cobrar un subsidio».

TRABAJADORES SOCIALES

Entre las instituciones y los afectados se encuentran los trabajadores sociales. «El golpe que se dio en el 2011 a la RMI fue brutal. Fue un error compartido por mucha gente. Después, algunas cosas han mejorado pero en absoluto estamos en el punto en el que tendríamos que estar», lamenta Pilar Massana, portavoz del Col·legi de Treballadors Socials. «Las exigencias son muy estrictas, el proceso de gestión es lento y la demanda, creciente. Con esos elementos, la situación se hace agobiante para las familias y para los servicios sociales». «La idea es que la gente esté lo mínimo en la RMI. Pero si no podemos garantizar el trabajo, debemos garantizar un mínimo de subsistencia», constata Massana.