Rebelión total contra el pago de fármacos en los hospitales

Ninguna comunidad autónoma ha aplicado todavía, contra lo previsto por el Ministerio de Sanidad, el nuevo decreto de copago de fármacos de dispensación hospitalaria para pacientes que no estén ingresados, aprobado el pasado septiembre y que entró en vigor el 1 de enero. Catalunya, el País Vasco, Andalucía, Asturias, Canarias y hasta cinco comunidades gobernadas por el PP (Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares) se han rebelado contra este nuevo copago, cuya entrada en vigor el ministerio ya se vio obligado a aplazar del 1 de octubre pasado al 1 de enero precisamente por la negativa de varias autonomías.

Pero tampoco esta vez ha tenido efecto una media que supone el cobro del 10% del precio del envase, con un tope máximo de 4,26 euros en un grupo de 43 fármacos destinados a procesos crónicos o graves que hasta ahora eran gratuitos: oncología, hepatitis, reproducción asistida, artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros.

APLICACIÓN OBLIGATORIA / Fuentes próximas al Ministerio de Sanidad trataron de quitar hierro al desplante asegurando que en el último consejo interterritorial de Sanidad, celebrado el pasado 18 de diciembre, Mato propuso que las comunidades no se ciñesen a una fecha concreta sino que podían aplicarlo «según su propio criterio» en enero o «cuando antes se pueda». Pero en cualquier caso y «aunque no se va a tener un actitud beligerante», el Ministerio se mostró decidido a que como todo decreto sea de aplicación obligatoria.

El Ejecutivo autonómico del PP  más hostil a la medida ha sido hasta el momento el de Castilla y León. El Gobierno de Juan Vicente Herrera presentó recientemente un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para «revocar o anular» este nuevo copago después de haber recibido una respuesta negativa por parte del Ministerio de Sanidad a su requerimiento. Otra comunidad popular rebelde es Extremadura, donde su presidente, José Antonio Monago, ha confirmado que mantiene «vigente» su «compromiso» de no trasladar a los ciudadanos de la comunidad el copago de medicinas hospitalarias.

Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja admitieron tras el anuncio de la medida que aplicarían el nuevo copago por tratarse de una legislación básica estatal. Pero ninguna de ellas lo ha puesto en marcha, argumentando en algunos casos la imposibilidad de hacerlo por motivos de gestión. «Se aplicará, pero no tenemos fecha concreta. Ahora mismo estamos trabajando en el desarrollo de las herramientas para hacerlo», coincidieron ayer sendos portavoces de las consejerías sanitarias madrileña y gallega.

Entre las comunidades autónomas no gobernadas por el PP, Andalucía también ha presentado recurso mediante un contencioso administrativo, el País Vasco ha presentado un recurso de alzada y Canarias ha anunciado que recurrirá.

CATALUNYA TAMPOCO / «En Catalunya no se aplica ni se tiene intención de momento de hacerlo», aseguraron fuentes de la Conselleria de Salut. Una portavoz recordó que la postura del departamento, como indicó el pasado 18 de diciembre en Madrid su titular, Boi Ruiz, es que la medida quedará en suspenso hasta que no haya garantías de que no supondrá una barrera al acceso a las prestaciones por parte de los usuarios. Ruiz también reclamó en el consejo interterritorial de Sanidad que se hiciese una evaluación sobre cómo han funcionado los copagos puestos en marcha hasta ahora por el Ministerio de Sanidad. Su titular, Ana Mato, hizo oídos sordos.

La medida ha provocado desde el primer momento el rechazo de pacientes, médicos y grupos de la oposición. Las federaciones de trasplantados hepáticos y de padres de niños con cáncer denunciaron que la Administración ignora «sistemáticamente» la alta prevalencia de afectados por estas enfermedades y subrayaron que la medida les perjudica especialmente. La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria la calificó de «plenamente injustificada», ya que plantea «dificultades» en su aplicación y, además, «no contribuye» a racionalizar el consumo ni sirve como instrumento de financiación adicional.

El PSOE apoya la rebelión autonómica y ha instado al Gobierno a que deje «sin efecto» dicha medida, al tiempo que ha pedido la dimisión de Mato.