Rajoy rectifica y suprime las tasas judiciales para los ciudadanos

Dos años y dos meses después de entrar en vigor, el pago del polémico tasazo judicial  dejará de ser un requisito necesario para pleitear. El Consejo de Ministros incorporó ayer al decreto por el que se aprueban algunas de las medidas anunciadas por Mariano Rajoy en el debate del estado de la nación la promesa realizada por el presidente de eliminar dicho impuesto para las personas físicas. El Gobierno enmienda así una de las medidas puestas en marcha por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón más contestadas.

Previsiblemente, a partir del lunes se volverá a la situación anterior en la que solo las empresas y pymes pagan tasas de entre 100 y 1.200 euros en función del litigio.

Jueces, fiscales, abogados y la oposición en pleno se levantaron en armas contra un tasazo que, según su criterio, ha retraído a muchos ciudadanos y pymes a la hora de acudir a los tribunales. Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá (que era secretario de Estado del ramo en el Gobierno de Aznar que implantó por primera vez el tributo para personas jurídicas), aseguró ayer que tras analizar las estadísticas no se puede «acreditar» que la introducción de las tasas hayan contribuido a la reducción del número de demandas. La disminución puede deberse, sostuvo, también a la crisis.

El Ejecutivo ha recaudado unos 300 millones al año gracias al tributo, 50 millones de ellos abonados por los ciudadanos. Aunque para zafarse de las críticas Gallardón siempre aseguró que el dinero recaudado se destinaría a la ampliación del número de usuarios de la justicia gratuita, Catalá se desvinculó también de este compromiso y afirmó que lo que se siga cobrando irá a la «caja común» tributaria.

Las tasas no constituyeron ayer la única rectificación gubernamental. El Ejecutivo aprobó una reforma light de la ley orgánica del poder judicial en comparación con el ambicioso anteproyecto presentado el pasado abril y en el que Gallardón promovía una completa reorganización de los tribunales. A pocos meses de que acabe la legislatura, el Ejecutivo ha optado por cambios puntuales para mejorar la implantación de las nuevas tecnologías en los juzgados, agilizar el trabajo en los más saturados y reforzar a los jueces que instruyen macroprocesos.

EL MALTRATO / Asimismo, para mejorar la lucha contra la violencia machista, los jueces especializados en esta lacra atenderán también delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor, así como el quebrantamiento de las medidas del alejamiento. Y se reforzarán las unidades de valoración forense que sirven de apoyo a los jueces.

La última marcha atrás tiene que ver con la ampliación de cinco a siete del número de miembros de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial.