Quién nos representa

«No nos representan», vocean una y otra vez los indignados en las plazas y ante los parlamentos. El prestigioso politólogo Giovanni Sartori otorga a los dirigentes políticos, además de la inevitable representación jurídica, una representación sociológica. Esta se basa en la sintonía entre el cargo electo y el ciudadano. El diputado debe reunir ciertas características para que el colectivo que le eligió se identifique con él. Las acampadas del último mes han demostrado que, en esa asignatura, nuestros políticos catean. Cada vez que crujen los cimientos de la credibilidad, por el estallido de un escándalo de corrupción, o por la presión de una crisis económica asfixiante, el poder necesita mover ficha. En Catalunya, esa ficha es la ley electoral. Una norma inexistente en 32 años de autonomía y que retrata a los partidos, pues evidencia la primacía de sus intereses contrapuestos. Govern y oposición van a intentarlo por enésima vez, ahora con la indignación social como catalizador.

En secreto, para no levantar falsas esperanzas, y con expertos de por medio, el Ejecutivo de CiU y representantes del PSC se han reunido varias veces, desde enero, para tantear el terreno. El objetivo es conocer si, detrás de las buenas palabras, hay un margen real para que las dos primeras fuerzas del país lleguen a un acuerdo. Nacionalistas y socialistas quieren evitar el circo ofrecido a finales del mandato anterior, con una ponencia parlamentaria fracasada, y solo constituirán una nueva si se constata un denominador común.

Los precedentes son nefastos e invitan a la cautela. Este déficit legal catalán, una excepción en el mapa autonómico español, importó poco antes de 1999. Pocos levantaron la voz hasta que un patidifuso Pasqual Maragall vio cómo ganaba unas elecciones en votos, pero las perdía en escaños. Aquel año, el precio de un diputado en Barcelona fue de 27.954 votos, mientras que uno en Lleida costó 12.687 sufragios.

Las diferencias de valor según la circunscripción se han ido ensanchando, lo que pone de manifiesto lo arcaico del sistema. Una disposición transitoria del Estatut de 1979, copiada en el del 2006, establece el número exacto de escaños que se reparten en cada provincia: 85 en Barcelona, 18 en Tarragona, 17 en Girona y 15 en Lleida. La población crece, pero la distribución se mantiene intacta. La proporcionalidad se dinamita, prima el voto interior sobre el metropolitano y CiU sale ganando. En el fondo, los dos grandes partidos no están tan alejados. Todos los modelos que plantean desde hace años se basan en el doble voto, al estilo alemán. El ciudadano marca dos votos en una misma papeleta, el primero a un partido y el segundo a un candidato concreto, el diputado de distrito. Se gana proporcionalidad y se preserva el peso del territorio.

EL ESCOLLO REAL / Artur Mas, un mes antes de ganar sus primeras elecciones, en el 2003, propuso el doble voto como «un modo de hacer política más próximo al ciudadano». El PSC y el resto de partidos, salvo ERC, comparten la idea de duplicar el voto para compensar los desequilibrios territoriales. Entonces, ¿por qué tanta disputa? Porque el escollo real es otro. Catalunya no es Alemania. El 75% de los ciudadanos se concentra en una de las cuatro circunscripciones, Barcelona, por lo que el modelo germano no es extrapolable.

¿Comarcas, veguerías o circunscripción única? La última propuesta de CiU incluía 54 distritos, pero con la mayoría fuera del área metropolitana. El PSC replicó con 64 circunscripciones, pero situando la mayor parte en la conurbación barcelonesa. Es decir, cada uno protege su caladero. A más división del territorio, menos proporcionalidad.

Cuando Maragall quiso resolver la cuestión, la aluminosis amenazó el edificio tripartito, y optó por dejarlo para mejor ocasión. José Montilla, escarmentado, llamó a un grupo de expertos, que, curiosamente, desecharon el doble voto en favor de otra propuesta innovadora: el voto preferente a un candidato. Ciutadans pel Canvi fue más allá y planteó un Parlament acordeón, en el que el número total de escaños varíe en función de la participación.

Pero la ley electoral es más que una fórmula. La norma debe incluir medidas de fomento de la participación y de garantía de la transparencia y la austeridad. Los partidos avanzaron bastante en este terreno en la última ponencia, pero el fracaso final lo arrastró todo. La indignación actual hará difícil, esta vez, justificar una nueva dilación. Los políticos tienen la palabra.