Hoy la mayoría absoluta del PP en el Congreso puede enterrar, con la convalidación del Real Decreto 16/2012 de 20 Abril (Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad de sus prestaciones), un modelo de sistema sanitario universal secuestrando el debate político, profesional y social. La crisis es la excusa para darle la vuelta al modelo sanitario, lo que generará desigualdades profundas y potenciará el sector privado asegurador y proveedor. Con un Govern de CiU que ha hecho los recortes sanitarios más importantes de todas las comunidades autónomas (con un 14% menos de presupuesto, la decisión unilateral de un euro por receta y una propuesta del conseller Mas-Collell para incrementar los copagos e instaurar tasas de hospitalización) que tienen consecuencias en la equidad, la precariedad y el paro entre los profesionales sanitarios catalanes.
Información publicada en la página 30 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 17 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)
Ernest Lluch seguro que diría no. Y exigiría un debate con rigor y una opinión pública y publicada mucho más activa. Estamos ante un secuestro informativo en plena sociedad de la informació. La historia democrática reciente, la de los últimos 30 años, ha aportado a Catalunya y España grandes cambios, un periodo de paz, de prosperidad, de crecimiento poblacional, de desarrollo social y económico al lado de aspectos negativos secundarios, representados en una escasa memoria histórica, un exceso de economía especulativa y dificultades constantes en el encaje del autogobierno de Catalunya en el Estado.
Pero seguro que la entrada a Europa que lideró el presidente Felipe González (frente a una derecha españolista en aquel momento poco europeísta) permitió la construcción de sistemas de protección social universales. El Sistema Nacional de Salud (SNS), instaurado por la ley general de sanidad el 1986, impulsado por el entonces ministro Ernest Lluch, es quizá uno de los mejores ejemplos que ahora corre el riesgo de regresar a un modelo vinculado a la Seguridad Sociedad.
Veníamos de un modelo franquista, ideado por Girón de Velasco, y no fue hasta la mayoría socialista en el Gobierno de España que se optó por un modelo de Sistema Nacional de Salud universal, fuera de la dependencia de la Seguridad Social y descentralizado en las comunidades autónomas. Catalunya fue la primera que incluyó ya en el Estatut de 1979 el traspaso de las competencias sanitarias.
Según el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU el derecho a la salud es un derecho humano. La Constitución de 1978 y los estatutos vigentes también lo recogen. En cambio, para la Organización Mundial del Comercio la salud es un «servicio necesario». Una tesis que parece compartir el PP a través de la propuesta de desvincular el empadronamiento del derecho universal al acceso al sistema sanitario. Ahora el PP quiere dejar fuera a las personas que no están en el mercado laboral (los jóvenes de más de 26 años sin trabajo, estudiantes universitarios, discapacitados por debajo del 65%, población nómada, o personas divorciadas o separadas que no tienen trabajo, religiosas y profesionales liberales) o las personas extranjeras simpapeles. También establece copagos que romperán la equidad. El Gobierno del PP lamina el derecho a la salud y las competencias de las comunidades sin plantear reformas de calado. Estas reformas permitirían ingresos y ahorro, como la revisión de las mutuas laborales y de accidentes y las mutualidades de funcionarios. Y todo esto, sin un debate en profundidad y generando miedo y desconfianza en momentos de crisis, con tantas personas en paro.
De los tres grandes sistemas sanitarios universales, los que se financian por impuestos son más baratos. En EEUU, el modelo mayoritario de aseguramiento privado supone un gasto global sanitario del 17% del PIB. Los modelos denominados bismarkianos que dependen de la Seguridad Social, como los casos de Alemania y Francia, suponen un gasto sanitario al entorno del 11% del PIB. Y los modelos Beveridge de Sistema Nacional de Salud, universales y financiados por impuestos, en el Reino Unido gastan el 10% y en España el 9% del PIB. En Catalunya el gasto es todavía más bajo y se sitúa alrededor del 8% del gasto sanitario global y el gasto sanitario público se sitúa alrededor del 6% del PIB. Los resultados en calidad, equidad y eficiencia de nuestro sistema están entre los diez mejores del mundo. Además, en Catalunya la atracción del sistema sanitario ha reforzado un modelo de investigación biomédica y de innovación que arrastra a sólidos sectores empresariales.
¿Cuáles son entonces las razones del cambio? Ideológicas. Y se aplican a partir de la descalificación constante del sector y los servicios públicos, para favorecer los lobis privados sanitarios. Por eso CiU, en el fondo, asiente o es débil en la crítica.
¿Qué hacer ahora? Desde el reconocimiento de la dura situación económica y financiera actual, y las imposiciones de Europa de reducción del déficit y de la deuda, es necersario hacer emergerla realidad y pactar las reformas a corto y medio plazo. No es necesario cambiar el modelo universal. Es necesario un frente institucional. Los gobiernos del País Vasco, de Andalucía, de Navarra, de Galicia y Catalunya han pedido la suspensión del decreto por antiestatutario y preconstitucional. Es necesario un frete político y social. Y reclamar un debate riguroso sobre cómo mantener el sistema en estos años de extrema dificultad, para propiciar un pacto entre la mayoría de formaciones política que debe contar con los profesionales y pacientes y agentes sociales y empresariales. Si cambian el modelo de acceso universal financiado con impuestos, todos saldremos perdiendo social y económicamente. El sector público sanitario es motor de la economía, local y global, y es una parte substantiva de la cohesión y paz social. Debe formar parte de la solución a la salida de la crisis y nos quieren hacer creer que es la causa.