El mercado del sexo en la vía pública

Puig no podrá multar la prostitución en las carreteras del Estado

N-2 33 Término municipal de Pontós (Alt Empordà), ayer.

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FERRAN COSCULLUELA
GIRONA

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La satisfacción con la que los alcaldes catalanes recibieron el anuncio delconsellerFelip Puig de que antes del 2012 impulsaría una reforma legal para acabar con la prostitución en las carreteras se está transformado en decepción a medida que se conocen los detalles de la futura normativa. El cambio legal consiste en una modificación de la ley de carreteras de la Generalitat que, amparándose en la seguridad del tráfico, prohibirá esa actividad en las zonas próximas a la red viaria y establecerá sanciones para clientes y prostitutas. El gran problema que ha trascendido ahora es que la nueva normativa, incluida en la ley ómnibus que está tramitando el Parlament, no se podrá aplicar en las carreteras de titularidad estatal, como la N-2 ,la N-260 y la N-340. Un sinsentido provocado por la dispersión de competencias que dejará en el limbo las carreteras donde precisamente se concentran la mayoría de las trabajadoras del sexo.

El secretario general de Interior, Xavier Gibert, admite que en las vías del Estado los Mossos pueden multar por infracciones del Código de Circulación, pero no por el incumplimiento de la citada norma autonómica. Por este último supuesto, la Generalitat «solo puede sancionar en las carreteras de las que es titular», apunta Gibert, quien alega que esta limitación no impedirá a los Mossos actuar contra las prostitutas que trabajan en las carreteras estatales, donde sí podrán levantar acta del comercio sexual.

El subdelegado del Gobierno en Girona, Francesc Francisco-Busquets, también ha confirmado que es imprescindible que el Congreso apruebe una ley similar a la catalana para que los Mossos puedan sancionar a las prostitutas en las carreteras de titularidad estatal. Francisco-Busquets atribuyó la indifinición actual a las posiciones enfrentadas que mantienen los partidarios de regular la prostitución y los que quieren prohibirla: «Unos por otros, esta cuestión todavía no se legisla, y mientras sea así la policía no podrá actuar».

OPCIONES EN ESTUDIO / Aun así, Interior tiene esperanzas de que en el futuro puedan habilitarse puentes legales que permitan extender a todas las carreteras la normativa catalana, que se aprobará antes de final de año si se cumple el calendario previsto. Una posibilidad para ello es establecer un convenio con el Estado que permita sancionar la prostitución en su red viaria. Esta opción, sin embargo, ni siquiera ha sido tratada hasta ahora con el Gobierno.

Otra alternativa legal que se puede explorar es que los Mossos hagan cumplir en las carreteras de titularidad estatal las ordenanzas municipales contra la prostitución aprobadas por los ayuntamientos por cuyo término municipal transcurren esas vías. Aquí, sin embargo, el problema es doble. Por una parte Interior no considera conveniente que los Mossos lleven a cabo actuaciones propias de la policía local. El otro problema es el que apunta la diputada y alcaldesa de Vilademuls (Pla de l'Estany), Dolors Rovirola (CiU). «Los Mossos podrían denunciar la actuación de las prostitutas en las carreteras estatales amparándose en las ordenanzas municipales, pero en este caso no sería el Servei Català de Trànsit el encargado de imponer y cobrar las sanciones, sino que dependería del Ministerio de Fomento, por lo que prácticamente no se podría hacer nada», lamentó.

COBRO DE MULTAS / Además de este absurdo doble rasero provocado por la doble titularidad de las carreteras, queda pendiente otra incógnita a la que Interior también tendrá que dar respuesta ¿Cómo conseguirá laconselleriaque las prostitutas paguen las multas si la mayoría son inmigrantes, carecen de domicilio fijo y se declaran insolventes? Una dificultad irresoluble que ha llevado a municipios como La Jonquera (Alt Empordà) y Tordera (Maresme) a dejar de imponer sanciones.