El PSOE denuncia que la ley antidesahucios vulnera 14 artículos de la Constitución
Por qué confiar en El Periódico El PSOE ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antidesahucios aprobada en abril con el voto en solitario del PP y en vigor desde mayo. En líneas generales, según ha explicado la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, la apelación se centra en que la norma vulnera 14 artículos de la Constitución “empezando por su tramitación” que fue “un fraude”.
La diputada ha explicado que el recurso también denuncia que la ley no asegura un control judicial exhaustivo y garantista en el proceso que despoja a las familias de sus casas. Entre los artículos vulnerados figuran el derecho a una vivienda, la inviolabilidad del domicilio, la no discriminación de los menores y la protección de los consumidores.
El recurso socialista ha avanzado en paralelo e inspirado en el que presentó el pasado 7 de agosto la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Pero la plataforma, que ha acusado al partido liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba de apropiarse de su iniciativa, solo ha contado con el respaldo de 20 de los 50 diputados necesarios para recurrir ante el TC.
El Defensor del Pueblo, a quien la PAH solicitó que recurriera, ha declinado hacerlo "puesto que ya lo han hecho los parlamentarios del Grupo Socialista". Soledad Becerril también considera que "no es asumible el deseo de los solicitantes", si bien juzga necesario "reforzar la protección de los deudores hipotecarios para reducir el número de desahucios".
Tramitación fraudulenta
A diferencia del recurso original de la PAH, los socialistas añaden en el suyo alegaciones contra la tramitación fraudulenta de la ley, según ha explicado Iglesias. Los socialistas también reclaman que se elimine la llamada venta extrajudicial, una figura en vigor desde la Ley Hipotecaria de 1944 y que también incluye la última ley. Argumentan que no permite el control de las cláusulas abusivas que ha fijado recientemente el Tribunal Europeo y que da “menos garantías procesales” a los deudores.
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