La reforma escolar de Wert castiga al catalán y premia a los obispos

LaGeneralitatdeberá pagar encolegios privadoslas clases encastellanoa las familias que las pidan. Así lo establece lareforma educativacapitaneada por el ministro José IgnacioWert, a la que el Consejo de Ministros dio ayer luz verde, y que establece un mecanismo «excepcional y transitorio», planteado a modo de chantaje. O la Generalitat asume directamente el coste, o el Estado lo adelanta y posteriormente le descuenta el montante equivalente de la financiación que recibe de la Administración central.

El proyecto de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), la séptima de la democracia, provocó el rechazo total de la 'consellera' deEnsenyament,Irene Rigau, que la consideró «imposible de aplicar», y de la oposición. Sale del Consejo de Ministros con una semana de retraso, después del frenazo que siguió al varapalo del Consejo de Estado y a la huelga general del sector del pasado día 9. Y de momento no cuenta con el apoyo de ningún grupo político, por lo que está abocada a ser derogada si el PP pierde la mayoría absoluta.

A pesar de que el propio Wert evitó mencionarlo, el proyecto también fija que la nota de laasignatura de Religióncuente -como exigía la Conferencia Episcopal Española- igual que la de Matemáticas o la de Lengua para la media final, la obtención de ayudas y becas y la repetición de curso. La alternativa de Religión (Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria), que además será ofrecida como optativa, también contará a estos efectos. Este cambio supone una vuelta a la LOGSE, aprobada por el Gobierno de Felipe González en 1990. Con la ley actualmente vigente, la LOE, la Religión no cuenta, ni es evaluable a final de curso ni sirve para pedir ayudas y becas. La alternativa la establecen los colegios que lo deseen, y en los demás no la hay.

VUELTA DE TUERCA / El anterior borrador exigía que la comunidad autónoma costease las escolarizaciones en un centro privado en el caso de que un alumno quisiera tener el castellano como lengua vehicular y no existiese esa posibilidad en un centro público. Pero el Gobierno ha dado otra vuelta de tuerca a su idea de «garantizar el uso del castellano» y en la práctica el coste de la escolarización seguirá corriendo a cargo de la Generalitat, aunque a través de un sistema indirecto.

Si el proyecto sale adelante, cuando la reforma educativa se empiece a aplicar (curso 2014-15) los padres que quieran recibir la enseñanza en castellano deberán iniciar un procedimiento administrativo, dirigiéndose en primer lugar a la Generalitat. En caso de no obtener una solución, deberán solicitar a la Alta Inspección -dependiente del ministerio- que examine el caso y compruebe que realmente no existe ningún centro público o concertado que dé respuesta al problema. En ese caso el ministerio adelantará el coste de la escolarización en un centro privado, que luego descontará de la financiación de la comunidad.

PREVISIÓN DE 1.000 PETICIONES /De momento, el ministerio calcula en 5 millones de euros el dinero que tendría que adelantar en base a una estimación de 1.000 solicitudes de alumnos. La Generalitat asegura que en este curso solo 17 familias pidieron este tipo de enseñanza. Wert consideró que si la cifra se dispara por la demanda o el atractivo que pueden ofrecer prestigiosos colegios privados bilingües o trilingües, la Generalitat tiene la posibilidad de frenarla ofreciendo estudiar con el castellano como lengua vehicular en colegios públicos o concertados.

El Gobierno también ha revisado el coste de la reforma, pero barriendo para casa. Intentará que la UE ponga la mitad de los 400 millones de euros que le supondrán al Ejecutivo central los cambios. Los ministerios de Educación y Empleo tratarán de que ese dinero salga del Fondo Social Europeo, que tiene entre sus principales objetivos la lucha contra el paro juvenil. Pero esta iniciativa no afectará a las costes indirectos, que deberán sufragar las comunidades autónomas: entre 334 y 927 millones, según el número de alumnos que sigan estudiando tras la ESO.