El ampa de un colegio de Girona escatimaba comida a los niños

No podían repetir segundo plato, había días en los que tenían que repartirse una hamburguesa entre dos y a veces solo tocaban a una albóndiga o albóndiga y media. Esta es la situación de severo racionamiento que vivieron durante cuatro años los cerca de 120 alumnos que cada día se quedan a comer en el CEIP Pedralta de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà), según denunciaron ayer representantes de la actual junta directiva del ampa.

Esta decena de padres indignados, que han denunciado el caso en un juzgado de Sant Feliu de Guíxols, reclamaron a la junta anterior que convocara elecciones porque no les cuadraban las cuentas del comedor escolar, que estaba gestionado por la propia ampa. Después de ganar los comicios, comprobaron escandalizados que las quejas de los pequeños no eran exageraciones. La coordinadora del comedor, Teresa A., acostumbraba a pedir unos 20 menús menos de los que correspondían al número de niños que se quedaban a comer en el centro. «Aunque había veces que incluso pedía 40 menos», aseguran los denunciantes.

Esta racanería se hacía a escondidas de la mayoría de los padres del colegio (nunca se informó en las asambleas) y servía para pagar el sueldo de la coordinadora (1.550 euros netos mensuales por 12 pagas, pese a que los cursos solo duran nueve meses) y el de las ocho monitoras que la ayudan. Una plantilla de nueve personas en total que, según la nueva junta, supera en tres trabajadoras la ratio que establece la normativa.

«Tenemos pruebas de que la coordinadora acostumbraba a quejarse a la empresa que prepara los menús de la escasez de las raciones. ¡Cómo no iban a ser escasas si se las tenían que repartir entre varios niños!», se quejaba ayer uno de los padres. Además, algunas de las monitoras, que comían durante su horario laboral, también lo hacían de los esquilmados menús del colegio.

66.000 EUROS / La nueva junta calcula que en los últimos cuatro cursos se dejaron de pedir unos 18.000 menús, valorados en unos 66.000 euros, mientras que los padres tenían que pagar religiosamente su precio completo (entre 6,20 y los 6,90 euros de este año). «No tenemos constancia de que nadie se haya metido dinero en el bolsillo, sino que esta práctica se hacía para que el déficit del comedor fuera menor», explicaron los denunciantes. La junta anterior no ha querido hacer declaraciones.

Los hechos, que ha reconocido la propia coordinadora, según los padres denunciantes, se pusieron en conocimiento de la Conselleria d'Ensenyament, que el pasado diciembre decidió asumir el control del comedor con la intención de traspasar este servicio al Consell

Comarcal del Baix Empordà en las próximas semanas.

La nueva junta ha convocado una asamblea el 1 de marzo en la que dimitirá, ya que otro grupo de padres, al parecer encabezados por el anterior equipo, cuestionó su actuación en este conflicto y les obligó a readmitir a la coordinadora del comedor tras un despido disciplinario.