El juez acusa a la Fundación Clavell de embolsarse subvenciones y no declarar a los trabajadores

Los responsables de laFundación Clavell de Sabadell paradisminuidos, en prisión preventiva por estafa, se embolsaban lassubvenciones públicas destinadas a la entidad y los beneficios generados por eltrabajo de los discapacitados, a los que explotaban sin darles salario alguno.

Según han informado fuentes próximas al caso, la directora de la Fundación, María Isabel B.A., de 50 años; el presidente, Francisco A.P., de 64, y el responsable Isidro F.M., de 50, permanecen en prisión preventiva desde el pasado miércoles, acusados entre otros de los delitos de apropiación indebida agravada, falsedad documental, administración desleal y fraude a la Seguridad Social.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la semana pasada a los tres responsables de la Fundación, una entidad privada sin ánimo de lucro que empleaba a discapacitados en un taller de montaje de material de pintura que posteriormente vendían a empresas.

La investigación, dirigida por eljuzgado de instrucción número 4 de Sabadell, se inició en enero de 2012 a raíz de la denuncia que presentaron padres de algunas personas que trabajaban para la Fundación, a quienes la directora de la entidad había pedido un aval para solicitar un préstamo del que luego no pagó las cuotas.

Castigados y sin seguridad social

En la investigación la policía catalana ha descubierto que los discapacitados eran explotados por los responsables de la Fundación y obligados a trabajar en condiciones infrahumanas. Cuando los empleados, que no recibían remuneración alguna, no rendían lo que esperaban los responsables del taller, eran castigados en una habitación anexa donde se estrechaba el control sobre ellos para evitar que bajaran su ritmo de trabajo, han informado las mismas fuentes.

Además, los usuarios de la Fundación no tenían contrato de trabajo ni estaban afiliados a la Seguridad Social, por lo que no han generado cotizaciones durante el tiempo en que han estado empleados en los talleres de la entidad. De la documentación incautada en la entidad y en el domicilio de su responsable, situado en la urbanización Castellarnau de Sabadell, se desprende que los imputados se quedaban con las ayudas públicas que recibía la entidad y también con los cuantiosos beneficios que generaba el trabajo de los discapacitados empleados, que iba directamente a sus cuentas corrientes.

Un millón de euros

La policía catalana calcula que los responsables de la Fundación consiguieron apropiarse de cerca de un millón de euros gracias a esas dos fuentes ilegales de financiación, sin que los beneficios se reinvertieran nunca ni en el centro ni en los usuarios.

Para conseguir las ayudas públicas, la Fundación aparentaba formalmente ante la Generalitat dedicarse a la organización de terapias ocupaciones esporádicas para discapacitados. Por ello, no sólo inscribían en los talleres a los disminuidos que trabajaban en las cadenas de montaje, sino a discapacitados que no tenían ninguna relación con la Fundación -algunos llevaban diez años viviendo fuera de Catalunya- e incluso ya fallecidos.

La investigación sobre las actividades de la Fundación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones, y se centra en analizar posibles irregularidades en las relaciones que la entidad mantenía con empresas proveedoras y colaboradoras.