El módico presupuesto inicial de la reforma educativa se agiganta

El coste de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, quiere comenzar a implantar en el curso 2014-2015, se ha desbocado. La nueva memoria económica del proyecto, enviada ayer a las comunidades autónomas, fulmina la anterior y dispara el escaso coste previsto inicialmente, cifrado en tan solo 7,5 millones de euros para los dos primeros años. Con un cambio de criterios y de cálculo, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, estimó ayer en 408 millones el coste de la implantación de la norma en tres años, que asumirá el Ejecutivo central. Pero a esta cantidad habrán de añadirse a partir del cuarto ejercicio otros tantos millones -o más- cada año en concepto de costes indirectos o de consolidación, que deberán asumir las comunidades.

Según el equipo del ministro Wert, el primer factor que ha disparado los costes es el alto índice de población escolar en el ámbito rural en algunas comunidades, que en el primer borrador no se tuvo en cuenta. El segundo es la implantación de dos itinerarios en cuarto de ESO (hacia FP o bachillerato), que exigirá desdoblar ese curso. Y el tercero, un ahorro menor al inicialmente previsto (que ascendía a 67 millones de euros en dos años) por la compactación del bachillerato. Además, hay que financiar la FP básica.

Como consecuencia de estos cambios en el nuevo proyecto, que será debatido en la Conferencia Sectorial de Educación el 7 de febrero, el ministerio prevé invertir 23 millones el primer año y 130 millones el segundo. El coste mayor tendrá lugar en el tercer año de implantación de la reforma, no contemplado en la memoria anterior: 255 millones. En la memoria del anteproyecto presentada a los consejeros de Educación el 4 de diciembre pasado, la previsión del ministerio era gastar 11,3 millones el segundo año, tras haberse ahorrado 3,8 millones el primero, tal como informó EL PERIÓDICO.

LA CONSOLIDACIÓN / Más impreciso es el capítulo de costes indirectos que Educación quiere endosar a las comunidades autónomas a partir del cuarto ejercicio, cuando la reforma esté ya en marcha. La intención es que aumente el porcentaje de los alumnos de FP y baje la tasa de abandono educativo temprano (los alumnos que no siguen estudiando tras la educación obligatoria). Hoy esta tasa es del 26,5% y el Gobierno tiene que acercarla a la media europea (13,5%) en el 2020 urgido por la UE.

El equipo de Wert ha diseñado tres posibles escenarios. Uno, pesimista, en el que se reduzca un 6% el abandono escolar, que costaría a las comunidades 150 millones de euros por año. Otro intermedio, que supone reducir el índice un 11%, valorado en 332 millones. Y un tercer escenario, decididamente optimista, que supondría reducirlo en un 17% y llegar al 9% actual de Finlandia, con un coste de 927 millones. «Cuanto más éxito tenga la LOMCE, mayores serán los costes indirectos», advirtió Gomendio. El éxito en este caso pasa inevitablemente por crear más puestos en FP, por lo que tendrá que haber más profesores de FP y centros adecuados para impartirla.

¿Cuál será el coste en cada comunidad? El ministerio no se atreve a fijarlo y dice que dependerá de su porcentaje de abandono escolar prematuro y del coste de las ramas de FP que se establezcan, de acuerdo con su tejido industrial. En cualquier caso, la FP es más cara que el bachillerato y un puesto cuesta al año un mínimo de 6.000 euros. El portavoz del PSOE en el Congreso, Mario Bedera, calificó de low cost la memoria, ya que no supone ni la décima parte del recorte de 5.000 millones realizado por el Gobierno en un año.