Quizá sea para evitar que la medida se interprete como un nuevo caso de agosticidad por parte de las administraciones, pero el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido darse unos días de margen (hasta el mes de septiembre) antes de empezar a aplicar la modificación de la normativa de convivencia que hoy entra en vigor. La medida fue aprobada en el último pleno municipal, el de finales del mes de julio, y ayer fue publicada por el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tal y como marca el procedimiento.
La nueva ordenanza prevé multas más altas para los clientes y los proxenetas, si bien para las prostitutas se estipulan sanciones más leves. Cabe recordar que la demanda y ofrecimiento de servicios sexuales en el espacio público está prohibido en Barcelona desde que entró en vigor la ordenanza de convivencia en el 2006, aún en la etapa de Joan Clos como alcalde de la ciudad, aunque ahora endurece las sanciones a los clientes.
Así, para las prostitutas, la sanción será de 100 a 300 euros por ofrecer o aceptar prestar servicios sexuales retribuidos en la calle, y de 300,01 a 750 si se hace a menos de 200 metros de una escuela.
Para los clientes que pidan o negocien, y por extensión cualquier conducta que promueva la prostitución callejera, la multa será de 1.000 a 1.200 euros, y de 1.200,01 a 1.500 si a menos de 200 metros de una escuela; si se mantienen relaciones sexuales retribuidas en la calle, será de 1.500,01 a 3.000.
Uno de los cambios más destacados es la eliminación del aviso previo por parte de los agentes de la Guardia Urbana, y que hasta ahora solo si era desatendido derivaba en multa, aunque los primeros días de la entrada en vigor de la medida serán informativas y la policía barcelonesa no multará.
Las prostitutas podrán conmutar la multa si participan en un curso de inserción de la Agencia por el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (Abits), lo que llevará a desarrollar un reglamento para garantizar su buena aplicación. Esta es la agencia a través de la que el ayuntamiento atiende a las prostitutas, algo que el actual equipo de gobierno (como el anterior) consideran una «es una prioridad». Para este año se ha incrementado un 67% el presupuesto destinado a la agencia.
La modificación de la normativa municipal de convivencia (nombre oficial de lo que popularmente se conoce "de civismo") es quizá el último gran acuerdo, por el momento, entre el equipo de gobierno de Xavier Trias y el PP. El pacto ha superado, incluso, las obvias desavenencias entre ambas fuerzas nacidas a raíz del rechazo de los convergentes a permitir la entrada del PP en el gobierno municipal.
El aumento de la dureza contra el cliente de sexo mercenario salió adelante definitivamente en el pleno del pasado mes de julio con el voto favorable de los dos partidos promotores y el contrario de PSC, ICV-EUiA y UpB.
Lo que en un día ya lejano fue el tripartito municipal coincidió en señalar que CiU y PP hacían caso omiso a los críticos informes presentados por la Síndica, que criticó las multas a las prostitutas, y en que se había puesto el foco en el cliente y la demanda y no en las mujeres explotadas.