El Gobierno ha presentado a las comunidades autónomas el borrador de un decreto de reforma de la ley de Dependencia, que rebaja las ayudas económicas que reciben los cuidadores familiares, les exige más requisitos, y sube el copago en algunos servicios. También computará la vivienda -de acuerdo con su valor catastral- dentro del patrimonio del dependiente, además de la pensión como hasta ahora, cuando el beneficiario reciba como prestación una plaza de residencia y no tenga personas a su cargo que sigan residiendo en ese domicilio. Estas novedades serán debatidas en el próximo consejo interterritorial que se celebrará el martes 10 de julio, en el que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tratará con los consejeros autonómicos.
CRITERIOS HOMOGÉNEOS / La reforma, según fuentes del ministerio, trata de establecer criterios mínimos y homogéneos en todas las comunidades autónomas a la hora de fijar la aportación de los dependientes. Con este objetivo establece, por primera vez, precios de referencia para los servicios prestados
En general, la participación de los usuarios en el coste del servicio se hará de forma progresiva mediante la aplicación de un porcentaje en función de su capacidad económica hasta alcanzar el 90% del coste de referencia del servicio. Esta capacidad tendrá como referencia el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM).
Sanidad calcula que una plaza en una residencia cuesta al mes entre 1.100 y 1.600 euros para personas dependientes y entre 1.540 y 2.240 para las que además tienen discapacidad. Estos precios se irán actualizando cada año y el beneficiario deberá asumir en función de su capacidad económica. Si tiene recursos suficientes, deberá pagarse los gastos hoteleros y de manutención, ya que «la aportación de la persona beneficiaria irá destinada en primer lugar a financiar estos conceptos, «en parte o en su integridad, según su capacidad económica».
AYUDA A DOMICILIO / Con los nuevos criterios del Gobierno, también subirá considerablemente el copago en los servicios de ayuda a domicilio y las aportaciones en los centros de día y de noche. Habrá además copago para los padres de los menores discapacitados, hasta ahora exentos, y se baja hasta los 400 euros mensuales el tope para no pagar y recibir gratuitamente los servicios de atención. Para la teleasistencia, que no se pagaba hasta ahora, no se ha fijado un precio de referencia pero su gratuidad dependerá de la capacidad económica de los beneficiarios.