Una veintena de personas adoptadas presentaron ayer una demanda civil para pedir al juez que obligue a la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia a que les entregue información sobre sus nacimientos y sus madres, en virtud de su «derecho a saber» sus orígenes biológicos. Los demandantes han pedido en reiteradas ocasiones la documentación a sor Aurora Gallego, la responsable de la institución en los años en los que ellos nacieron, sin éxito. Esto les hace sospechar. Enrique Vila, abogado que lleva el caso y a su vez demandante, pues nació allí en 1965, lleva intentándolo 23 años. «La monja alega un voto religioso de sigilo, pero no puede estar por encima de la Constitución, ni del derecho humanitario», explicó ayer en la Ciudad de la Justicia de Valencia Vila, quien no descartó recurrir a la vía penal «si siguen ocultando información sin motivo». A Ana Isabel Azagra, Gallego le dijo que no disponía de ninguna información, que «rezara mucho» y que «fuera feliz con su vida». A María José Izquierdo, otra de las afectadas, la religiosa le dijo que los libros con los datos «se quemaron».
La opacidad que transmite la institución (a la que acudían mujeres embarazadas en situación complicada y donde nacieron 3.000 personas entre los años 40 y 80) la ha puesto bajo sospecha de haber participado en una trama de bebés robados. A Azagra, de 43 años, una tía le dijo que por ella sus padres «pagaron mucho dinero».
VENDIDOS / Esta es la sensación de muchos de los hijos de la Casa Cuna; que más que adoptados, fueron «vendidos». Vila advierte de que si no se acata la orden del juez, tendrán «sospechas cada vez más fundamentadas de que se pudo cometer algún tipo de delito de tráfico de personas», pero se aferra a una esperanza. Él ya presentó una demanda similar contra la orden de la Casa Cuna de Barcelona y la superiora, que también se negaba a facilitar los datos, acató la decisión judicial.