«¿Profesores o carne rebozada?» Así titulaba el pasado febrero su carta a este diario el lector Santi Puig Pla, catedrático de Lengua Catalana del instituto de Castelló d'Empúries (Alt Empordà), en la que defendía la jornada escolar intensiva como medida de ahorro de efectos casi inmediatos. «Reduce gastos -argumentaba Puig-, mejora el rendimiento y permite dedicar recursos a garantizar que haya suficiente profesorado para atender las necesidades del país, más justificable que pagar la carne rebozada», concluía la carta.
Será una medida más o menos drástica, más o menos compartida, pero si de lo que se trata es de ahorrar, el debate sobre la implantación de la jornada intensiva abre un futuro incierto para los comedores escolares, un servicio que en los últimos años ya ha registrado una caída de usuarios de entre el 15% y el 20%, calculan la Fapac y la Fapaes, las principales federaciones de padres de alumnos en Catalunya.
También las empresas que coordinan los comedores -y que organizan actividades extraescolares y contratan a los monitores- confirman el descenso. La Fundació Catalana de l'Esplai no lo cuantifica, pero la Associació Catalana d'Empresas de Lleure, Educació i Cultura (Acellec) habla también del 20%. «La caída ha sido especialmente acusada en los dos últimos cursos», admite Pep Montes, gerente de la Acellec.
Los desertores del menú escolar arguyen dos razones poderosas: el dinero y la calidad. Lo primero, el coste, lo critican por excesivo. Los 6,20 euros por menú que recomienda como importe máximo la Generalitat son, según afirman las familias, uno de los precios más altos de España, solo por detrás de Navarra. En Extremadura el tope es de 3,90 euros por menú y, en Asturias, de 4. «La guinda que ha acabado de disuadir a muchas familias es el recorte de becas de comedor que ha aplicado este año la Generalitat», denuncia Jaume Soler, responsable de la comisión de comedores de la Fapac.
PEDIR RESPONSABILIDADES / Sobre la segunda razón, la calidad, la queja la lidera la Fapac, que la considera a menudo escasa, especialmente si se tiene en cuenta el precio que el alumno paga por menú. La entidad critica de paso lo difícil que lo ponen algunos consejos comarcales (el organismo que gestiona el servicio) cuando las ampas piden que se modifiquen los criterios de adjudicación del servicio según un criterio cualitativo. «No existe ningún sistema de penalización si el servicio no es correcto», lamenta Soler. A este respecto, Ensenyament recuerda que la competencia es de la Conselleria de Salut, que fija las condiciones sanitarias del servicio y realiza inspecciones de forma periódica para garantizar su buen funcionamiento.
El caso es que por uno o por otro motivo (o por los dos al mismo tiempo), muchos antiguos usuarios han optado por irse a comer a casa. Quienes no tienen tiempo de hacer el doble viaje que requiere almorzar en su domicilio han optado por las fiambreras. «Es un fenómeno que aumenta sobre todo en zonas del interior de Catalunya, entre jóvenes que van a institutos situados fuera de su municipio», constata Pere Farriol, presidente de la Fapaes.
Y como fenómeno nuevo que es el uso de la fiambrera está, en estos momentos, sin regular. «En algunos centros, está directamente prohibida. En otros, en cambio, se han habilitado salas, con jarras de agua, cubiertos e incluso microondas para los chicos que van con la comida preparada de casa», indica Farriol. Las ampas reclaman que se instale también un servicio de frigoríficos. Y, a poder ser, que se asignen monitores a estos alumnos.
La Conselleria d'Ensenyament, que ya ha mantenido contactos con las federaciones de padres, no se pronuncia de momento. Ha tomado nota del asunto, pero no se plantea como una prioridad la redacción de un reglamento. «Es una cuestión que está aún en estudio. Cuando se hayan evaluado pros y contras, ya se decidirá», indica una portavoz del departamento.
LAS OBJECIONES / La medida tiene también sus detractores. Por un lado, hay quien teme que la proliferación de fiambreras acarree problemas de seguridad alimentaria. «¿Quién controlará el contenido de los envases? ¿De quién será la responsabilidad en caso de intoxicación», pregunta Montes. Por otra parte, «a medida que aumente el número de usuarios habrá que crear un servicio de custodia, de vigilancia de los niños, que no se sabe aún quién asumiría», objeta el gerente de la Acellec.