El chivo expiatorio

En su particular cruzada contra el déficit, el desequilibrio presupuestario y el gasto público, el Ejecutivo encabezado porArtur Masha obrado el verdadero milagro de emprender durísimas políticas de austeridad sin ver penalizada su actuación en las urnas. Por el contrario, una porción significativa de la población catalana les ha renovado la confianza, probablemente subyugados por la salmodia de la necesidad de los recortes como única alternativa frente a un desastre de dimensiones mayúsculas.

Reforzados en su convencimiento, interpretando los resultados electorales del pasado 20 de noviembre como una carta blanca para seguir aplicando medidas de ajuste aún más draconianas, el Govern de la Generalidad no dejó pasar ni 36 horas desde el recuento del último voto antes de anunciar una nueva tanda de medidas de ahorro que incluía, una vez más, recortes en el sector público.

No es de extrañar que el Ejecutivo catalán mire hacia la administración y el funcionariado cada vez que piensa en reducir gasto. Si ha podido cerrar quirófanos e, incluso, hospitales enteros durante días, alargando las listas de espera para ser atendido hasta el infinito sin verse excesivamente afectado, ¿qué problema puede haber en degradar las condiciones de trabajo del personal de la Administración?

El Govern Mas ha acudido a la llamada mesa general de la función pública con un pliego de medidas de una magnitud monumental. De un solo golpe, la Generalitat quiere hacer retroceder las condiciones de trabajo en la función pública hasta un escenario situado más de tres décadas atrás. Y todo ello sin olvidar que, en el caso del funcionariado y el personal interino, llueve sobre mojado, pues aún está vigente el recorte salarial del 5% instaurado en el 2010, y durante todo este año se han mantenido congeladas las remuneraciones.

Es la hora, pues, de que todos nos situemos del lado del chivo expiatorio. Un chivo donde, por cierto, el mileurismo está muy extendido y las tasas de temporalidad son más altas, incluso, de lo que se da en el sector privado. Y es la hora también de que la Generalitat concrete sus amenazas y deje de lado los eufemismos que le son habituales (revisión de plantillas, reducciones de importe...) para que podamos evaluar con detenimiento si todo lo que propone se ajusta a las leyes vigentes y a las competencias que le pertenecen.

No sería la primera vez que en su entusiasmo ahorrador olvida el marco legal. Lo hizo -y tuvo que retractarse- cuando anunció la supresión de pagas extras de los funcionarios y lo sigue haciendo con muchos despidos en las empresas públicas que llegan a los tribunales y son declarados improcedentes, generando un gasto adicional en concepto de indemnizaciones que es del todo innecesario para nosotros, los contribuyentes.