El PP pretende abrir los parques nacionales a los cazadores

Con nocturnidad, alevosía y «agazapado» hasta el último momento. Así es como ha introducido el grupo del PP en el Senado una enmienda al proyecto de ley de parques nacionales que, según las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, WWF y SEO/BirdLife, abre la puerta a que los propietarios de fincas situadas dentro del perímetro de estos espacios naturales puedan organizar cacerías. Esta actividad -igual que la pesca, la tala comercial de árboles o la explotación minera- está hoy prohibida en cualquiera de los 15 parques de alta protección ambiental, salvo excepciones muy contadas.

Se trata, según detalló ayer Theo Oberhuver, coordinador de Ecologistas en Acción, de una propuesta «pensada en beneficio de algunos de los amigos que el PP tiene, por ejemplo, en el parque de Cabañeros (Ciudad Real), donde aún se siguen organizando monterías», en virtud de una moratoria concedida hasta el 2017. El problema es que con esta enmienda del PP las cacerías se ampliarían a los 15 parques nacionales que hay en España.

El mecanismo que quieren usar los populares en el Senado es el de dejar «en suspenso los artículos 6 y 7 del proyecto de ley, en los que se define qué es un parque y cuáles son las actividades que se pueden desarrollar en él». En concreto, la propuesta prevé que la Administración pueda «promover acuerdos voluntarios en los casos en que la adecuación» de lo establecido en los dos artículos mencionados «afecte a derechos de terceros». Eso significa, según Oberhuver, «que, si se aprueba, las actividades reguladas en los parques quedarán supeditadas a la voluntad de los propietarios». O lo que es lo mismo, «que los intereses particulares se antepondrán al interés general».

UNA PRESA EN AIGÜESTORTES

Por ejemplo, detalló el coordinador de Ecologistas en Acción, esta enmienda habría permitido proyectos que en su día fueron paralizados, como la construcción de una carretera costera en Doñana, las maniobras militares en Cabrera o las actividades mineras en el Teide. Igualmente, advirtió, «si se mantiene esa enmienda, el día de mañana quizás será posible construir una nueva central en Aigüestortes». Igual que si apareciera petróleo en Doñana, este se podría explotar.

Las cinco entidades ecologistas pidieron al PP que retire la ley y, al resto de los partidos, que expresen su «repulsa absoluta» a la propuesta, al tiempo que anunciaron movilizaciones para evitar que este patrimonio de todos se someta al interés de unos pocos.

NO ES DEFINITIVO

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, recordó ayer que «ahora la ley está en tramitación parlamentaria, se debatirán las enmiendas y hay que esperar al debate y al resultado final», al ser preguntado sobre si los cambios introducidos por el PP abrirían la caza en estos espacios. Ramos insistió en que «todavía es pronto» y replicó que, por lo tanto, «no hay nada que decir al respecto».

En todo caso, indicó el secretario de Estado, las enmiendas se resolverán en las próximas semanas, por lo que «habrá que esperar hasta entonces», dijo, para ver cómo queda el texto definitivo del proyecto de ley.