Por la paz de los vivos

Yremi Vargas. Cristina Bergua. Sara Morales. Tres de los 14.000 misterios a los que cada año familiares, amigos, policías, jueces y detectives buscan respuesta. Niños, adolescentes, adultos y ancianos que se esfumaron y cuya ausencia mortifica a sus allegados. Mentes torturadas a las que, demasiado a menudo, la prensa sonrojantemente amarillenta contribuye a hacer enloquecer.

Como dice el periodista Paco Lobatón, el seguimiento informativo de este fenómeno funciona a oleadas. Los primeros días, sobre todo si se trata de menores, se genera un gran despliegue. Pero cuando la gran ola ha llegado a la arena, y aunque el caso no se haya resuelto, baja la marea de micrófonos y cámaras, y la playa queda prácticamente desierta. En ella solo permanecen amigos y familiares, que no pueden pasar página.

Desaparecidos en España (Reportajes 360º, Editorial UOC), del periodista y sociólogo Roger Pascual (Barcelona, 1978), se acerca a ellos para escuchar sus relatos, tan cargados de críticas a la falta de sensibilidad institucional como de elocuentes silencios. Con ayuda de familiares, policías, jueces, detectives, criminólogos, psicólogos, abogados y sociólogos, retrata el vacío que deja una desaparición; fenómeno que trasciende el ámbito familiar para convertirse en un asunto judicial, policial y, sobre todo, social por la necesidad que todas las culturas han tenido de enterrar a sus muertos para que los vivos descansen en pa paz.

Cristina Bergua

«La incertidumbre es muchísimo peor que la muerte -constata Juan Manuel Bergua-. Cuando tienes un hermano, hijo o padre que se muere sabes adónde ir a ponerle flores. Yo llevo 17 años buscando a mi hija y no sé si desde el primer día me la asesinaron». El 9 de marzo de 1997, Cristina Bergua quedó con su novio. Según le había dicho a unas amigas, iba a dejarle. Javier Román aseguró que la acompañó un rato hasta su piso en Cornellà pero la joven, de 16 años, nunca llegó a casa. Sus padres y su hermano empapelaron la ciudad de carteles, recurrieron a policía, prensa y a todos los instrumentos a su alcance. La juez instructora, Maria Sanahuja, siguió una pista anónima que señalaba que el cadáver habría sido arrojado a la basura. Alguien filtró que la búsqueda en el vertedero tenía un alto coste (50 millones de pesetas), vulnerando el secreto de actuación. «Estoy segura de que si se hubiera tratado de la hija de alguno de ellos no les habría importado pedir que se destinaran 500. Pero alguien presionó para que parásemos», lamenta la juez. Bergua canalizó sus energías creando Inter-SOS, agrupación de familiares de desaparecidos que lleva años de lucha.

Marta del Castillo

El caso Marta del Castillo puso en entredicho el papel de la prensa. La publicación, con afán sensacionalista, de datos bajo secreto de sumario y el hecho de que programas televisivos pagaran por entrevistar al entorno de los presuntos asesinos indignó a los padres de la joven. Marta, de 17 años, desapareció el 24 de enero del 2009 tras acudir a la casa de Miguel Carcaño en Sevilla. El 14 de febrero, el joven dijo en su primera de sus muchas declaraciones inculpatorias que la había golpeado con un cenicero. Tras un proceso largo y  mediático, fue condenado a 21 años y 3 meses de cárcel. El cadáver aún no ha aparecido. En febrero del 2009, más de 240 agentes buscaron el cadáver por el Guadalquivir. Después de que el asesino cambiara su declaración y asegurara que lanzó el cuerpo a la basura, se rastreó también un vertedero y la localidad de Camas. «Ha sido algo muy puntual por ser un caso muy sonado. La gente me decía: 'Si no estás cada día en la tele incordiando, ponen dos lanchas de la Guardia Civil dando vueltas por el río y ya han cumplido el expediente'», lamenta Antonio, padre de Marta.

Alberto Domínguez

En septiembre de 1998, Alberto se fue de su casa en Cullera para recoger a su novia en Valencia e irse, con otra pareja, de cámping. No volvería hasta junio de 2007 cuando, gracias a la tozudez de su padre, se localizó su cuerpo sin vida en una fosa común de Nueva York. Salvador, jubilado y con 58 años cuando perdió a su hijo, se volcó en encontrarlo. «Nunca recurrí a detectives privados, y la policía no hizo nada. Fui yo quien lo encontró. Como no había quien me ayudara decidí hacerlo por mi cuenta y tengo la satisfacción de haberlo conseguido. Lo logré a base de perseverancia, porque entonces se hacía bastante menos que ahora y ahora se hace bastante poco». Durante mucho tiempo sintió envidia de los familiares de víctimas del terrorismo porque al menos sabían qué había pasado con sus desaparecidos y podían enterrarles. «Yo quería que estuviera en su pueblo y en su pueblo está. Sigo sin saber lo que le pasó pero, al menos, al haberlo enterrado he aliviado parte de un dolor que siempre me acompañará».

Mari Luz Cortés

«Si dejara de luchar me moriría. Yo ya no podré hacer nada por mi hija pero sí por los hijos de los demás», dice Juan José Cortés. Siempre sospechó que Santiago del Valle estaba detrás de la desaparición de su hija Mari Luz, de 5 años, el 13 de enero del 2008. Esa tarde derribó la puerta de aluminio de la casa del asesino, vecino suyo en Huelva. Del Valle, de sórdido pasado y extraño comportamiento con los niños, reclamó protección policial. La policía, que no se había tomado en serio las sospechas de los Cortés, se personó al día siguiente en casa de Del Valle pero había desaparecido. El día 17 él y su mujer fueron detenidos en Granada. Cuando el 7 de marzo apareció el cadáver, la policía volvió a interrogarles y su mujer se derrumbó y confesó la verdad. La presión de Juan José y Antonio del Castillo logró tres demandas históricas de las asociaciones: grupos policiales especializados, base de datos compartidas y un protocolo de actuación.