El Ministerio del Interior quiere impedir que las redes sociales se llenen de imágenes de policías y guardias civiles a cara descubierta haciendo su trabajo. Argumenta que se trata de evitar que después puedan ser utilizadas para amenazar, insultar o injuriar a los agentes. Pero esto, que ya se ve que resultará de muy difícil aplicación, desató ayer una gran tormenta cuando el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en un acto con sindicatos policiales, anunció estar estudiando «la prohibición de captación, reproducción y tratamiento de imágenes, sonidos y datos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus

Protesta en los alrededores del Congreso, el pasado 25 de septiembre en Madrid. REUTERS / SERGIO PÉREZ

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Información publicada en la página 28 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 19 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

funciones».

De sus palabras solo se podía hacer una interpretación: que ante la proliferación de imágenes en las redes sociales de polémicas actuaciones de los agentes antidisturbios en las últimas manifestaciones, Cosidó intentaba castigar la difusión de ese tipo de escenas. O lo que es lo mismo, que ante el incremento de la tensión social en las calles, el máximo responsable político de la policía intentaba construir un contexto legal de impunidad ante cualquier actuación policial en la vía pública.

INVITADO A MATIZAR / Las palabras de Cosidó no gustaron ni fuera ni dentro de su casa. En el ministerio tardaron casi tres horas en dar respuesta al anuncio del director de la Policía, que fue llamado a aprovechar un acto al que no se había invitado a la prensa en la embajada de Colombia para matizar sus palabras y tratar de que amainara la tormenta.

Y vaya si puntualizó. Aseguró que solo se trataba de una «reflexión que se está estudiando», que en ningún caso es una decisión que se haya tomado, y que bajo ningún concepto se pretende «ni limitar, ni restringir, ni coaccionar el derecho a la información». El director de la policía reiteró que le gustaría que la nueva ley de seguridad ciudadana que se está perfilando dedique unas líneas a la prohibición de grabar cuando se ponga en riesgo a los agentes. Y un portavoz de Interior puso como ejemplo las imágenes de operaciones antiterroristas o contra el crimen organizado en que se pueda identificar a los investigadores. Aunque ese mismo portavoz reconoció que los propios medios de comunicación ya tienen un código propio por el que ocultan el rostro de los agentes en este tipo de operativos de riesgo.

El otro ejemplo de prohibición que citó Cosidó son las imágenes que ponen en peligro operaciones en curso. Es decir, que la presencia de una cámara en un domicilio impida una detención, porque el sospechoso se ha dado a la fuga. Un circunstancia muy excepcional que cuando se ha producido ha provocado la apertura de expedientes disciplinarios, sanciones a investigadores e incluso alguna iniciativa por parte de jueces, pero no contra los periodistas, sino contra los policías que habían facilitado los datos.

Y, según Interior, por encima de todo lo que se quiere evitar es la desprotección de algunos agentes que han sido identificados y que son «acosados e injuriados» con impunidad en internet. Por ejemplo, los mossos d'esquadra de paisano identificados en las protestas del 29-M en Barcelona, a los que se acusó de ser infiltrados, y cuyos nombres y apellidos fueron difundidos en las redes sociales. Eso mismo ya está pasando con algunos agentes

antidisturbios.