RESUMEN DE MEDIO AMBIENTE

La polémica de los parques nacionales envuelve a Tejerina en el final de 2014

Uno de los hechos más notables de este año es la aprobación de la Ley de Responsabilidad Ambiental

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Las leyes de costas y parques nacionales han sido las más polémicas en la agenda medioambiental de 2014, una año en el que Isabel García Tejerina se estrenó como ministra y en el que los sondeos petrolíferos y el "fracking" siguieron ocupando la primera línea del combate político.

Tejerina, continuadora de las políticas de su predecesor en el cargo, Miguel Arias Cañete, asumió en abril el cargo con la intención de construir una "alianza efectiva" entre crecimiento económico y protección del medio ambiente. Durante toda la legislatura, las ONG conservacionistas han mostrado su preocupación por la deriva de las políticas ambientales del ministerio y reclamaban la incorporación de "verdaderos expertos" en medioambiente en el departamento.

2014 será recordado como el año en el que se aprobó la reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental, la primera ley que abordó Tejerina como titular en el cargo y que supondrá un ahorro de más de 1.410 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas, y como novedad amplía su ámbito a los posibles daños en aguas marinas. Por otro lado, el polémico asunto de la fractura hidráulica o "fracking" movilizó a partidos de la oposición y colectivos ecologistas y sociales, que firmaron en el mes de mayo un manifiesto por el que se comprometían a prohibir esta técnica si llegan a gobernar en la próxima legislatura.

Los sondeos petrolíferos en el Mediterráneo y aguas canarias también han provocado serias tensiones entre los Gobiernos central y de Baleares y Canarias, así como una fuerte oposición por parte de los ecologistas y la mayor parte de la oposición. Los ecologistas defienden que las prospecciones abren la puerta a potenciales vertidos, daños a las poblaciones de cetáceos y a la actividad turística en la que se basa la economía canaria y balear, entre otros.

Ante esta problemática, la pasada semana el Gobierno lanzó un plan de incentivos económicos dirigido a gobiernos regionales, locales y a propietarios de terrenos con el que pretende vencer la resistencia al desarrollo de prospecciones petrolíferas, incluidas las que utilizan la técnica "fracking". La demolición del hotel Algarrobico, un hueso duro de roer, sigue siendo un problema tras diez años de batallas judiciales y políticas, que probablemente continuará este año. Tejerina, el primer relevo de Mariano Rajoy desde el comienzo de la legislatura, aún no ha podido ver cumplido el deseo de Arias Cañete, quien expresó su deseo de que durante la etapa de la nueva ministra se llegara "a la fase procesal" para hacer cumplir la ley y derribar el hotel en Cabo de Gata (Almería).

El pasado octubre, y con mucha polémica en su tramitación parlamentaria, veía la luz el nuevo reglamento de la Ley de Costas, que según el Gobierno pone fin a una "inseguridad jurídica" insostenible para más de 40.000 ocupaciones costeras. Este reglamento suscitó el rechazo de los ecologistas, quienes la tachan de un retroceso para la sostenibilidad del litoral. 2014 también ha sido decisivo para que España se haya situado a la cabeza de Europa en protección de áreas marinas con 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) declaradas y nueve Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) propuestas.

En política hidráulica, el ministerio ha aprobado los planes hidrológicos del Júcar y del Segura, con lo que puso fin a la carrera contrarreloj emprendida por el Gobierno para evitar sanciones millonarias de la UE por un retraso en la tramitación de estos planes que data del año 2009. Además dio luz verde a la tercera y cuarta edición de los planes PIMA Aire y, en un año clave en cuestiones de cambio climático y con la reciente Cumbre del Clima de Lima, puso en marcha el Registro de Huella de Carbono y la hoja de ruta para los sectores difusos a 2030.

Para 2015, Tejerina lleva en cartera, entre otros asuntos, dar un empujón en materia de depuración para mejorar la calidad de las aguas y la gestión de los montes a través de una ley que actualmente está en fase de anteproyecto y que, a juicio de los ecologistas, destila una filosofía muy productivista y nada conservacionista. Con la nueva ley de montes, el Ministerio de Medio Ambiente quiere asegurar una adecuada conservación de estos espacios y armonizar el desarrollo económico, social y ambiental de las zonas rurales donde se ubican.