Los afectados por todo tipo de delitos sufren a menudo una doble victimización dado que los tribunales utilizan su testimonio como elemento de prueba y, posteriormente, se «olvidan» de su existencia, según reconoció ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Para intentar atajar esta situación, el Consejo de Ministros estudió ayer un informe que recoge las líneas maestras del llamado Estatuto de la Víctima, una norma legal que busca reforzar los derechos de los damnificados por la delincuencia.

La madre de Ruth y José llega a una misa en recuerdo de sus hijos. EFE / DEMETRIO FERNÁNDEZ

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Información publicada en la página 29 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 12 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

«El Estatuto pretende reparar el daño que han sufrido y minimizar los efectos traumáticos que su condición les puede generar», destacó Justicia en un comunicado de prensa. La norma tiene su origen en una directiva europea aprobada tan solo hace un mes, por lo que, si no se adelanta otro país, España será el primero de los Veintisiente que aglutine en un texto legislativo todos los derechos de las víctimas, no solo directas, sino también de sus familias.

El derecho a recurrir

Cuando el Estatuto de la Víctima vea la luz -como muy pronto a finales del 2013, porque ayer fue remitido al resto de ministerios para que hagan las aportaciones que consideren oportunas- los damnifiados, aunque no estén personados en un procedimiento judicial, podrán recurrir las resoluciones de sobreseimiento y archivo que dicten los tribunales «en un plazo amplio -según destacó el Ejecutivo- que les permita disponer de tiempo suficiente para valorar si deben hacerlo».

Las víctimas del terrorismo, homicidios, lesiones, secuestros o violaciones penadas con más de cinco años de cárcel podrán recurrir «las decisiones de especial trascendencia» y que afecten a su agresor, como su puesta en libertad condicional, si este no ha afrontado la indemnización correspondiente o si existe un peligro para la víctima. No obstante, su opinión no será vinculante y la última decisión seguirá recayendo en el juez. Las víctimas del terrorismo llevan años reclamando que su opinión sea tenida en cuenta antes de excarcelar a un etarra. Algunos de los colectivos que les representan demandan incluso que su parecer sea decisivo, pero el Gobierno no ha querido ir tan lejos porque, según destacó Gallardón, «tanto el reproche penal como la ejecución de las penas son competencia exclusiva del Estado».

Menores protegidos

Durante la investigación del delito y el juicio posterior, se reducirá al mínimo posible el contacto entre el agresor y su víctima y los familiares de esta.

Además, para facilitar el mal trago de relatar ante desconocidos el daño que han sufrido, se procurará que puedan estar acompañadas de la persona que deseen.

El testimonio y la exploración de los menores de edad será a su vez grabado y se reproducirá en el juicio con el fin de evitarles que tengan que revivir el suceso.

Y, en el caso de los afectados por grandes catástrofes, como incendios o inundaciones, se evitará, en palabras de Gallardón, «el contacto precipitado» con los bufetes y las compañías de seguros, de manera que tengan «derecho a la deliberación» y en este tiempo puedan tomar la decisión que estimen más oportuna.