La plantación de marihuana en Rasquera gana apoyos de abogados

La plantación de marihuana en Rasquera no es delito si la asociación que pretende cultivarla para el consumo de sus miembros puede certificar que queda vetada la admisión de nuevos consumidores. Esa es la interpretación legal que defiende Oriol Rusca, de la sección de Derecho Penal del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), respecto al proyecto aprobado por el ayuntamiento del municipio de la Ribera d'Ebre.

Rusca considera que «la única conducta que no está castigada penalmente se da en el caso de que el cultivo sea para autoconsumo, y en este sentido se puede defender la idea del consumo compartido, que determina una proporcionalidad respecto al consumo de los miembros de la asociación». A partir de esa base, sin embargo, sería necesario ir más allá para descartar un delito penal, y la asociación, a su juicio, debe certificar «que no existe facilitación del consumo a terceros, de manera que tendría que demostrar que, en caso de admitir nuevos miembros, estos ya eran consumidores».

El vicepresidente de la Comisión de Drogas del ICAB, Gabriel Miró, también sostiene que la plantación es legal, y en el mismo sentido añade que cabría establecer mecanismos de control para asegurar que la producción no llega fuera de la asociación.

EN CONTRA / Por su parte el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, defendió ayer en el Congreso de los Diputados que la decisión de Rasquera es «claramente ilegal» y anunció que la Abogacía del Estado instará a la actuación de la Fiscalía Especial Antidroga si el consistorio no retira el acuerdo y se materializa la plantación. Babín aseguró que también la Generalitat va a impugnar el acuerdo, porque «las acciones de la Administración tienen que sustentarse sobre un principio de legalidad».

A su juicio, tras el proyecto hay gente que ha visto «una posibilidad de negocio» y que «está dispuesto a explotarlo a ultranza». «No se puede llamar privado -rebatió- al consumo de miles de personas y decir que no hay afán de lucro cuando se paga más de un millón de euros en dos años por el alquiler de los terrenos».