PRISIÓN PREVENTIVA
La UB pide acelerar el caso de los alumnos detenidos desde el 29-M
El rectorado de la Universitat de Barcelona (UB) se sumó ayer a las voces que reclaman una rápida resolución de la situación de Dani, Ismael y Javier, sus tres alumnos detenidos en los disturbios de la huelga general del 29-M que siguen en prisión preventiva. En un comunicado, el rectorado pide «la máxima diligencia y celeridad de actuación en el procedimiento» judicial abierto.
La UB recuerda que no es parte del proceso, puesto que los estudiantes no fueron detenidos por una denuncia de la universidad ni por ningún acto acaecido en su seno, y que no hay expedientes disciplinarios ni quejas contra ellos. Asimismo, considera que las detenciones no deben «prejuzgar la valoración de los hechos» y reitera su «comprensión hacia los movimientos estudiantiles y sociales que, pacíficamente, manifiestan su preocupación y descontento», a la vez que rechaza y condena toda acción violenta.
Por otra parte, la UB «trabaja para garantizar» que los alumnos puedan continuar sus estudios. Así, ya han recibido en la cárcel una primera entrega de libros y apuntes y se gestiona que dispongan de «las máximas facilidades» para estudiar y hacer exámenes.
Dani estudia Física y Matemáticas; Ismael es alumno de Física, y Javier, licenciado en Historia, compagina su empleo con un máster de formación del profesorado. Pese a no tener antecedentes penales, son los únicos de los 15 imputados por los altercados que permanecen en prisión preventiva, ya que la jueza Carmen García sigue viendo «riesgo de fuga» y de «reiteración delictiva», esgrimiendo la próxima celebración en Barcelona de acontecimientos en los que «más que previsiblemente (...) se producirán actos vandálicos». Las defensas han presentado nuevas alegaciones, que debe valorar la Audiencia de Barcelona, apelando al carácter excepcional de la prisión preventiva, la falta de elementos incriminatorios suficientes, el arraigo de los jóvenes y a que el riesgo de reiteración delictiva no puede sostenerse en sospechas o vaticinios. El letrado José María Fuster-Fabra, que ha asumido la defensa de Dani, propone además a la jueza una orden de alejamiento como medida alternativa.
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