Las raíces del caso

La pesadilla de Óscar cuestiona la garantía de las extradiciones

Marcelo Marín, presunto narco.

Marcelo Marín, presunto narco.

ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

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Óscar Sánchez, un lavacoches de Montgat, y Vicente Piera, un osteópata de Gandía. Los dos fueron entregados por España a Italia, donde fueron juzgados, condenados y encarcelados tras ser confundidos con sendos narcotraficantes. Sánchez lleva ya un año preso entre las cárceles de Roma y Nápoles. Piera estuvo ocho meses en la de Milán, finalmente fue absuelto y ha sido indemnizado con 85.000 euros. Sus respectivas pesadillas cuestionan las garantías del sistema europeo de detención y entrega entre países (euroorden), sobre todo cuando los delincuentes investigados suplantan la identidad de otros ciudadanos. En el caso de España, la razón de este fallo es que, antes de entregar, la Audiencia Nacional no suele comprobar si las huellas dactilares y la foto del detenido coinciden con las del delincuente investigado.

Así pasó con el osteópata Piera. Ayer, este terapeuta criticó a las autoridades judiciales españolas, pues considera que no se le debería haber extraditado a Italia sin comprobar su fotografía y sus huellas.

Similar es el caso de Óscar Sánchez, pues su petición de entrega llegó a España sin foto y sin huellas y, pese a la petición de su abogado español de que se pidieran esas pruebas a la policía italiana antes de extraditarlo, la Audiencia Nacional denegó la solicitud. Al final, tal y como apuntan las pruebas recogidas primero por EL PERIÓDICO y luego, a raíz de estas, por el Cuerpo Nacional de Policía, Sánchez ha sido confundido por un narco que usó su identidad para traficar con droga y que ha sido identificado como Marcelo Roberto Marín Iannandrea, como ayer reveló este diario. Este vecino de Montgat sigue encarcelado en Italia, condenado a 14 años y pendiente de otro juicio en el que el fiscal le pide una pena similar.

IDENTIDADES FALSAS / Piera -y también Sánchez, a tenor de la investigación de la policía española- son víctimas de un sistema acelerado de entrega entre países europeos que sería infalible siempre que los delincuentes cometieran sus fechorías con su propio nombre. Pero hoy, en el hampa eso no es muy habitual. Buena parte de los criminales procuran ir siempre provistos de documentos de identidad o pasaportes falsificados o usurpados a otras personas.

En realidad, la Audiencia Nacional no actuó de forma incorrecta, pues se ajustó a lo establecido en ese mecanismo comunitario de extradición, que se basa en un principio de confianza total entre sistemas judiciales. Si la justicia italiana acusa a un español de ser un narcotraficante, la justicia española no lo pone en duda y lo entrega a Italia, donde este será juzgado. De hecho, las autoridades judiciales españolas se limitan a comprobar que la extradición esté en regla y que el delito por el que se le persigue en Italia también lo sea en España. Los jueces solo certifican que la identidad de la persona detenida es la misma que la que reclaman sus colegas europeos y no tienen capacidad para examinar si el procedimiento judicial que se sigue en el país que reclama a esta persona está bien o mal tramitado.

ITALIA PIDE MÁS PRUEBAS / Pero no todos los países aplican tan a rajatabla el protocolo de la euroorden. Italia, sin ir más lejos, es más garantista y reclama más pruebas a la hora de extraditar detenidos a España, según admiten fuentes judiciales españolas. «Si España pide que Italia le entregue a un individuo, la justicia italiana exige que se acredite que es la persona realmente investigada. España, en cambio, no le pide eso a Italia», apuntan esas fuentes.

Fuentes de la Audiencia Nacional, sin embargo, defienden la eficacia de la euroorden en la lucha contra el crimen y atribuyen errores como los de Sánchez y Piera a la mayor o menor pulcritud de las investigaciones judiciales del país que exige la extradición, en este caso Italia. Según esas fuentes de la Audiencia Nacional, el sistema de euroorden funciona satisfactoriamente.

Los jueces de la Audiencia Nacional tramitan una medida de cinco euroórdenes cada día, que se procesan en un plazo máximo de 60 días. Una vez que la persona es detenida, comparece ante un juez de instrucción de la Audiencia que le informa, en presencia de un abogado, de los motivos de su detención y acuerda si lo deja en libertad o lo manda a prisión. La decisión de entregar al reclamado al país que cursa la euroorden corresponde a una de las cuatro salas de lo penal de la Audiencia Nacional.