Un paraíso de piratas

España batió récords el año pasado en piratería digital, una práctica en la que los españoles se están convirtiendo en consumados expertos a la vista de los datos facilitados por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. Según su informe anual, el 88% de todos los contenidos digitales consumidos en el 2014 fueron ilegales, frente al 84% que arrojaron las descargas ilícitas del año anterior. Además, el porcentaje de infractores pasó del 51% al 58%. Un panorama desolador que el Gobierno se encargó ayer de minimizar con el escudo del recelo: los datos no son fiables porque no es posible medir la piratería.

Pero las cifras elaboradas por la consultora GfK, a partir de encuestas a internautas y auditorías de los puntos de venta on line, cantan por sí solas. En España se produjeron el año pasado 4.455 millones de accesos ilegales, con una valor total de mercado que pone los pelos de punta: 23.265 millones de euros. Obviamente, si no existiese la piratería no se habría producido un consumo tan ingente. Por eso, se ha preguntado a los encuestados qué compraría si no pudiera acceder gratis a dichos contenidos. Del resultado de sus respuestas, debidamente multiplicado por el precio de mercado de esos productos, se infiere que las empresas burladas dejaron de ingresar 1.700 millones de euros como consecuencia del fraude. Una cifra mareante que deja muy atrás los 1.326 millones registrados en el 2013.

La repercusión de la piratería digital en el primer problema del país, la escasez de empleo, aporta cifras preocupantes. Un escenario sin pinchazos ilícitos permitiría crear 29.360 nuevos puestos de trabajo directos, lo que supondría incrementar el empleo un 47% en este sector. A ellos habría que añadir los cerca de 150.000 puestos de trabajo indirectos que generaría la erradicación de este fenómeno. Las arcas públicas también se resienten: por culpa de la piratería dejaron de ingresar 343,7 millones de euros por  IVA, 219,3 millones en cotizaciones a la Seguridad Social y casi 65 millones de euros en IRPF. En total, unos 627 millones.

GOOGLE A LA CABEZA / En cuanto a la forma de acceso, se detecta un notable incremento del uso de buscadores para acceder a los contenidos ilegales frente a las descargas directas, ya que la utilización de esa ayuda pasa del 46% a casi el 72%. Aquí Google barre al acaparar nueve de cada 10 pinchazos de material pirata. Los chiringuitos digitales al margen de la ley sacan buenos réditos de los anuncios. Más de un 71% de esos portales se financian con una publicidad que responde a esta tipología: el 70% corresponde a sitios de apuestas y juego on line; casi el 43% a sitios de contactos, y más del 33% a contenidos para adultos. Otro dato que llama muchísimo la atención es que más de un tercio de la publicidad de estas webs corresponde a marcas de prestigio de alimentación, moda, seguros y telefonía.

A la hora de confesar las razones por las que sucumben a la tentación de lo ilegal, la mitad de los internautas apelan al «ya pago mi conexión a internet», mientras que el 61% consideran que es absurdo pagar por un contenido al que puede acceder sin coste. Los otros motivos más esgrimidos son «la rapidez y facilidad de acceso» (46%), «no pago por algo que a lo mejor luego no me gusta (39%), «no estoy haciendo daño a nadie» (19%) y, claro,  la sensación de impunidad (19%).

NUEVA LEY / El Gobierno rebajó ayer la importancia de este informe a través del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, quien aseguró que «todos saben lo difícil que es estimar los niveles de piratería». Al margen de ello, reconoció que este tipo de fraude «es un problema real en España» y recordó que la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor el pasado 1 de enero, «proporciona mecanismos administrativos para luchar más eficazmente» contra esta lacra. «También se han abierto nuevas vías en el campo penal y civil», indicó.

Por su parte, la directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro, Teresa Lizaranzu, admitió que se puede conseguir «más celeridad» en la persecución administrativa de la piratería. En ese sentido, afirmó que se espera reducir a 90 días la duración de trámites para cerrar páginas con contenidos ilegales, a diferencia de los 150 días de media registrados el año pasado.