Con la excusa de las exigencias de las instituciones europeas, el Gobierno del PP de Mariano Rajoy está dispuesto a reorganizar las prestaciones por desempleo no solo en su cuantía sino en las condiciones de acceso y en el número de perceptores. Todo ello bajo el paraguas de las políticas activas de empleo y para incentivar al parado a buscar un empleo, en estos momentos casi inexistente.

Necesitados 8 Comedor social de Sant Adrià del Besòs. JULIO CARBÓ

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La primera decisión en esta materia figura en el último ajuste que aprobó el Gobierno el pasado 13 de julio y que envió a las instituciones de la zona euro como Plan Presupuestario 2013-2014. Con estas medidas se ha reducido del 60% al 50% de la base reguladora de la cuantía de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes. De momento, se mantiene la duración de dos años de la prestación, aunque podría reducirse a un año.

Sin cuotas

A este recorte, que afecta directamente en la economía del parado, hay que añadir otra medida que repercutirá en la cuantía de su pensión futura: el Gobierno dejará de pagar el 35% de las contribuciones a la Seguridad Social que corresponde cotizar al parado durante el periodo de desempleo y que hasta ahora pagaba el Estado.

También se modifican las condiciones para acceder a la renta activa de inserción (haber agotado la prestación contributiva o el subsidio y no haber rechazado ninguna oferta de empleo ni haberse negado a participar en cursos de formación) y se elimina el subsidio especial para mayores de 45 años aunque les mantiene del subsidio ordinario, y se reorganiza el de mayores de 52.

El ahorro

El Ejecutivo ha cifrado el ahorro total hasta el 2014 en 5.989 millones de euros. La informatización de los servicios públicos de empleo y la profesionalidad de sus empleados impiden que el parado se vuelva loco cuando acuda a una de las oficinas para inscribirse como desempleado, en vista de que la variedad de prestaciones, subsidios y ayudas existentes, sean contributivas o asistenciales.

Las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos disponen de otras ayudas para las personas que carezcan de recursos. En Catalunya el PIRMI (también conocido como renta básica de inserción) supone una ayuda de entre 400 y 500 euros para quien no tenga ayudas de otro tipo. Hay que solicitarla en los ayuntamientos y es necesario, entre otras cosas, llevar un año empadronado en la comunidad. Hace un año, la revisión de esta ayuda por parte del Govern de Artur Mas también causó controversia.

En todo caso, uno de los datos que más impresiona cuando cada mes se conocen las cifras oficiales de paro es el número de familias en las que todos sus miembros se encuentran en paro. Hasta finales del pasado julio este número de hogares era de 1.737.600, 9.300 más que el mes anterior. Sin embargo el crecimiento se dispara en comparación con el 2011: hay 370.000 más.

Todas las coberturas para parados, sean de corta o de larga duración, se refieren siempre a los asalariados y no a los trabajadores por cuenta propia, que siguen otro régimen y que no tienen derecho a la prestación.

La cobertura

Con unas cifras de paro de 5.693.100 personas sin trabajo según la EPA y de 4.587.455 inscritos (507.713 más que hace un año) en los registros oficiales de empleo, requisito imprescindible para cobrar una prestación o subsidio, las alarmas también suenan cuando mes tras mes baja la cobertura, es decir, el número de parados que tienen derecho a la prestación.

En julio se contabilizaron 2,88 millones de parados con derecho a cobertura. En porcentaje, bajó cuatro puntos respecto del mismo mes del año pasado y se situó en el 66,1% frente al 70,2%. El plan Prepara tenía en junio 211.461 beneficiarios, la mayoría hombres (56%) de bajo nivel formativo y mediana edad (el 84%, entre 25 y 54 años).

Ante la pregunta de por qué no hay un estallido social, los expertos suele dar algunas respuestas sobre la economía sumergida y demás. Pero hay un dato relevante que el Consejo Económico y Social (CES) dio en junio: 422.600 hogares viven gracias a la pensión de los abuelos.