El Papa releva al arzobispo de Zaragoza por tapar vejaciones
La presunta víctima, exdiácono, dijo que no fue al juez por «miedo»
«Miedo» al poder de la Iglesia católica. Eso es lo que, según reveló a varios miembros de la curia zaragozana, sintió D.P.M. para no denunciar ante un juez los presuntos abusos que sufrió cuando ejercía de diácono con el párroco de la localidad aragonesa de Épila, Miguel Ángel Barco. Las supuestas vejaciones motivaron que la Santa Sede forzara la renuncia del arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, el pasado día 12, tras trascender que este había pagado a la víctima una indemnización de más de 100.000 euros, presuntamente para que silenciara el caso. En una nota, el arzobispado insistió ayer en que la salida de Ureña, de 70 años, se debió a «motivos de salud» y que «puede justificar» el pago al joven.
El ahora arzobispo emérito fue conocedor de las supuestas vejaciones cuando la víctima, D.P.M, le pidió una audiencia hace dos meses. El arzobispo la aceptó y en el palacio arzobispal de la capital aragonesa se presentó este joven de 27 años, acompañado de dos vicarios, para decirle que «había sido víctima de abusos sexuales por parte del párroco de Épila, Miguel Ángel Barco», según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. El diácono aseguró que había sufrido tocamientos por parte del religioso de forma continuada durante dos años. Todos ellos se producían, al parecer, en la casa parroquial.
Ureña decidió trasladar al diácono a una parroquia de la capital aragonesa, en la que estuvo viviendo hasta hace un mes. Allí recibió una comunicación del arzobispado que le decía que no iba a ser sacerdote nunca.
La llamada llevó a D.P.M. a ponerse en contacto con el arzobispo para pedirle explicaciones. Fue en ese momento cuando, según las mismas fuentes, Ureña le ofreció 60.000 euros a cambio de su silencio, una cantidad que luego ascendió a más de 100.000.
Los vecinos de Épila pidieron ayer al arzobispado que retire de manera cautelar al párroco del municipio, que ha presentado una denuncia por calumnias contra el exdiácono. Barco sostuvo que las acusaciones se deben a un «deseo de venganza» ya que, según dijo, él le había informado de que no consideraba conveniente que fuera ordenado sacerdote.
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