Un país de políticas sociales desiguales

Hace más de una década, la OCDE obligó al Gobierno español a realizar un informe sobre los barrios más pobres y vulnerables. De ese modo, el organismo internacional promovía una atención prioritaria de los gobiernos nacionales sobre esos barrios. El informe apenas tuvo resonancia ni política ni mediática pero sirvió para detectar las 374 barriadas más pobres de España. Esas áreas urbanas son las más castigadas por la crisis prolongada, el paro y las privaciones más básicas.

Sin embargo, ni antes ni ahora, ningún Gobierno español ha desarrollado un programa de actuaciones integrales en barrios desfavorecidos. Algo así como un programa federal pero coordinado con ayuntamientos y autonomías para mejorar sus condiciones de vida, empleo, educación y bienestar. Existen programas así en países federales como EEUU. El único ejemplo parecido lo tuvimos en Catalunya con la ley de barrios de Pasqual Maragall y los gobiernos del tripartito. Pero a nivel estatal, Madrid no actúa como un Gobierno federal poniendo en marcha programas transversales como una ley de barrios, más necesaria que nunca.

El mapa de las políticas sociales por autonomías es muy desigual y fragmentado. El régimen de concierto fiscal de País Vasco y Navarra facilita que sean las comunidades con más bienestar y menos desempleo. Pero a costa o gracias a una contribución cero en solidaridad hacia el resto de España. Navarra dispone de un empleado de servicios sociales por cada 814 habitantes. Madrid, en cambio, tiene uno por cada 6.557 habitantes. Una brecha de desigualdad entre territorios demasiado escandalosa.

El índice DEC mide el grado de desarrollo cualitativo y presupuestario de los servicios sociales. Según este índice, en España se dibujan hasta cuatro geografías distintas. Dicho de otro modo, hay cuatro Españas. País Vasco, Navarra y La Rioja son los territorios con los servicios sociales más completos y mejor financiados. En una situación intermedia están las dos Castillas, Catalunya, Aragón y la cornisa cantábrica. Catalunya destaca con el mayor grado de reconocimiento de derechos en política social que hay en España (ley de servicios sociales, catálogo de servicios y otros) pero tiene insuficiente financiación y cobertura para dichos derechos reconocidos.

En tercer lugar, Andalucía y Extremadura están en una posición más baja en su desarrollo cualitativo de políticas sociales. Son las mayores beneficiarias netas de la solidaridad autonómica y en estos tiempos de crisis responden con prestaciones y coberturas impensables en el resto de territorios.

En último lugar, nos encontramos las regiones con las políticas sociales más débiles que, a su vez, han sido las gobernadas durante largos años por el PP: Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Baleares, Canarias y Galicia. Tienen un nivel irrelevante o muy bajo en el desarrollo comparado de su política social. Es la herencia liberal y conservadora que deja el PP allí por donde ha pasado: una mayor desigualdad sin política social.