Pacto para que los ciudadanos y las pequeñas empresas no paguen las tasas judiciales catalanas

La Conselleria de Justicia, el Consell de l'Advocacia Catalana y el Consell de Col.legis de Procuradors de Catalunya han llegado a un acuerdo este miércoles para excluir a los ciudadanos y a las pequeñas empresas del pago de las tasas judiciales catalanas (mínimo 60 euros y máximo 120 euros) para "garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva".

El acuerdo ha sido posible tras semanas de negociaciones, después de la sentencia de que el Tribunal Constitucional (TC) avalara la aplicación de la tasa catalana, ha informado este miércoles en un comunicado el departamento de Justícia. La Administración autonómica ha decidido, además, ampliar los supuestos que quedarán exentos del pago de la tasa: demandas de ejecución, reconversiones y las solicitudes de concurso.

La Conselleria de Justícia se ha comprometido también con abogados y procuradores a que instará al Gobierno Central a que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se pueda incluir las tasas en los costes, es decir, que quien tenga que abonarla sea quien pierde el pleito.

Por tanto, el gravamen catalán se aplicará en los ámbitos civil y contencioso administrativo, dejando fuera el ámbito social y penal, así como a todas aquellas personas con derecho a asistencia jurídica gratuita.