Centenares de mujeres, tanto pertenecientes a colectivos como a título particular, lanzaron ayer sus quejas y críticas ante el Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad por los planes del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de endurecer la ley del aborto eliminando el supuesto de malformación del feto. El departamento de Ana Mato se limitó a recibirlas y guardó silencio. «Esperamos a ver cómo se concreta la reforma antes de hacer valoraciones», dijo un portavoz, que también avanzó que, de momento, no se realizarán encuentros ni reuniones con asociaciones de mujeres. Mientras se redoblaron las críticas desde la izquierda y las adhesiones al manifiesto de la Plataforma Nosotras Decidimos, difundido por EL PERIÓDICO, suman ya 5.000.

Manifestación en contra de la reforma de la ley del aborto, el domingo en Madrid. Mondelo | EFE

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El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió desde Santander al ministro que respete la autonomía de las mujeres para decidir sobre su maternidad y no vuelva «30 años atrás» con la reforma de la ley «que homologa a España con Europa» y que está funcionando «bien», como lo demuestra la reducción del número de abortos. Más incisiva, desde Valencia, la vicesecretaria general, Elena Valenciano, insinuó que con la reforma Gallardón «está calentando el banquillo para salir a jugar el partido», ganarse a los sectores más conservadores y suceder a Rajoy al frente del PP. «Deje a las mujeres tranquilas porque sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y no necesitamos que usted nos lo diga», pidió al ministro.

«El PP quiere recortar los derechos sexuales y reproductivos que ha costado mucho tiempo conseguir», coincidieron Rosa Bofill, responsable de la Secretaría de la Mujer de CCOO de Catalunya y Nono Torre, secretario general de las Juventudes Socialistas de España. Torre anunció que su formación «se movilizará en la calle desde septiembre para combatir y rechazar esta ley».

RESPALDO DEL PP / El PP mantuvo su respaldo a la reforma de Gallardón «por defender el derecho a la vida», según la diputada y miembro de la comisión de política social Dolores Bolarín. La parlamentaria insistió desde Murcia en la tesis oficial de Génova de que establecer la malformación como un supuesto para abortar es una «discriminación dentro del ámbito de los no nacidos que desvirtúa el principio del derecho a la vida que debe regir en estos casos». «La medida debe entenderse como una oportunidad de acercarnos a la igualdad y no al retroceso social como intenta vender la izquierda», apostilló Bolarín.