Crece la ola contra la caducidad penal de la pederastia

La humillación de tener que revivir una situación tan dolorosa, la incapacidad emocional de volver a ver la cara del agresor (o simplemente de volver a oírle la voz), llevan casi siempre al silencio. Casi siempre, aquellos que han sufrido abusos sexuales en la infancia prefieren callar. Y cuando denuncian, cuando por fin se sienten con fuerzas y ánimos para dar el paso, muchas veces se encuentran, como ha ocurrido con varios de los casos de pederastia de los colegios de los Maristas de Barcelona denunciados por este diario, con que han pasado tantos años que el delito ha prescrito. Ya no se puede perseguir judicialmente al agresor.

"Estamos viendo, demasiado a menudo, que el sistema judicial falla a las personas que fueron víctimas de abusos sexuales cuando eran niños", denuncia Guiomar Todó, responsable de la organización Save the Children en Catalunya. El caso es que "tal y como está actualmente redactado el Código Penal, este crimen queda impune y eso requeriría de una respuesta urgente y decidida de los poderes públicos", clama Todó.

SISTEMA HOSTIL

Si resulta que la víctima es todavía menor de edad o se encuentra dentro de la franja de edad para la que el delito no ha prescrito todavía (es decir, si tiene menos de 23 años cuando el abuso ha sido leve y menos de 33 en el caso de agresiones graves), "entonces estos jóvenes se enfrentan a un sistema judicial hostil, poco amigable, con procesos judiciales que les hacen repetir varias veces la misma declaración y les obligan a revivir, una y otra vez, esas situaciones tan difíciles", indica la responsable de Save the Children. De ahí que muchas familias prefieran pasar página.

Por eso, porque se necesita "un sistema judicial que responda a las necesidades y las particularidades de estas víctimas", porque "ya es hora -subraya Todó- de que se articulen mecanismos, no solo para proteger a los menores víctimas de abusos sexuales, sino a los menores que han sufrido cualquier otro tipo de violencia", la oenegé ha puesto en marcha una campaña para convencer a los partidos políticos a que respalden, cuando se constituya el nuevo Congreso de los Diputados, una ley de medidas integrales para combatir la violencia contra la infancia. Los abogados y asesores jurídicos de la entidad están preparando un primer documento de trabajo para distribuirlo, más adelante, entre las fuerzas que obtengan representación parlamentaria.

RECOMENDACIÓN DE LA ONU A ESPAÑA

La iniciativa supone dar un paso más allá de la petición de reforma del Código Penal presentada hace dos semanas ante el Congreso para reclamar la imprescriptibilidad de estos delitos. Aquella iniciativa, promovida por el psiquiatra barcelonés Miguel Ángel Hurtado, que fue víctima de abusos cuando tenía 16 años, está apoyada por más de 300.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org.

"No se trata solo de reaccionar porque en los últimos meses se han conocido muchos casos, nuestra petición responde a una recomendación del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que ya en el 2010 le dijo al Gobierno de España que implantara una ley para acabar con la violencia contra la infancia", señala la portavoz de la oenegé, que ha iniciado contactos con los partidos políticos que concurren a las próximos elecciones generales para que incluyan esta petición en su programa. 

PASOS TÍMIDOS

Aunque desde el 2010 se han dado algunos pasos, "aún muy tímidos", puntualiza Todó, para mejorar la situación (se ha creado un registro de delincuentes sexuales a los que se prohíbe trabajar con niños y se ha elevado la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años), "se sigue sin conocer la magnitud real del problema porque no existe un sistema de recogida de datos". También preocupa, destaca Save the Children, la fragilidad de las medidas de prevención, detección e intervención temprana, "la escasa formación que tienen al respecto los profesionales que trabajan con menores".