Muere el exnuncio que el Vaticano iba a juzgar por abuso de menores

La Providencia quizá nunca fue tan oportuna para el exarzobispo polaco y exnuncio vaticano Jozef  Wesolowski, de 67 años, que murió en la noche del jueves al viernes poco antes de haber tenido que pasar por la vergüenza de ser el cargo eclesiástico de mayor rango procesado por abusos sexuales de menores y también el primero que se somete a un proceso de este cariz en el interior del Vaticano.

Aunque la vista oral había comenzado oficialmente el pasado 11 de julio, tuvo que ser suspendida inmediatamente porque el día anterior el entonces ya execlesiástico había ingresado en el servicio de urgencias de un hospital de Roma por «una bajada de tensión debida al calor, el estrés y la edad», según aseguró un comunicado oficial. Seis días después fue dado de alta. Al dar la noticia de la muerte de Wesolowski, el Vaticano informó ayer de que el juez había ordenado una autopsia y que los resultados serían comunicados «en cuanto resulte posible».

El comunicado oficial aseguraba que Wesolowski había sido hallado muerto «en su habitación del Vaticano» en las primeras horas del viernes y que las primeras diligencias indicaban que la muerte se había debido «a causas naturales» y que el papa Francisco había sido «debidamente informado de todo».

ARRESTO DOMICILIARIO /El exnuncio en la República Dominicana, donde presuntamente cometió la mayor parte de los cinco delitos que se le imputaban, se encontraba en situación de arresto domiciliario dentro del Vaticano, donde había sido detenido por orden del mismo Papa, que en el 2014 había ampliado los poderes del tribunal vaticano también sobre los diplomáticos. Se trató del segundo arresto de un monseñor dentro del Estado Pontificio desde la elección del papa Francisco, aunque el primero se había debido a cuestiones económicas.

Anteriormente, a Wesolowski se le había retirado la inmunidad diplomática y tras varios pasos la Congregación para la Doctrina de la Fe le acabó rebajando su condición a la de simple laico. La fiscalía vaticana acusaba al exarzobispo polaco de abusos sexuales cometidos contra menores, de posesión de material pornográfico, de encubrimiento (compra de material pornográfico), de lesiones graves (perturbación mental de adolescentes) y de mantener una conducta que ofendía a la religión y la moral cristianas.

Las investigaciones, primero de las autoridades dominicanas y después del Vaticano, se aceleraron a raíz de una investigación realizada por una periodista de aquel país, en la que se documentaron las andanzas del eclesiástico en una zona de la capital dominicana conocida por la prostitución de menores. El Vaticano y las autoridades dominicanas han colaborado codo a codo en el caso.