La mitad logra salir

Una orden religiosa ayuda a las mujeres a encontrar una salida laboral fuera de la prostitución Las acogen en viviendas protegidas

M. N. / BARCELONA

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La cita es en una cafetería porque por razones de seguridad nadie puede conocer el paradero de las oficinas de Sicar, el programa que depende de la congregación religiosa de las Adoratrices y que acoge en Catalunya a víctimas del tráfico de seres humanos. Rosa Cendón explica cómo el proyecto nació en el 2002 a petición de la policía. Había que hacer algo con las mujeres que tras las redadas en los clubs de alterne se quedaban en la calle, con una mano delante y otra detrás, sin más opción que regresar de nuevo al control de las mafias.

Sin entrar en el debate de si se debe o no legalizar, si hay o no que pagar impuestos por ejercer la prostitución y dejando de lado hipocresías y moralinas, Cendón hace su particular foto del problema. De esas mujeres que llegaron engañadas, que viven sometidas y que son obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas y palizas. A esas víctimas de la trata solo las tutelan las diferentes oenegés que las acogen en viviendas protegidas y que les ayudan a buscar una salida laboral fuera de la prostitución. Algunas, muy pocas, deciden volver a sus países de origen. La mayoría quieren volverlo a intentar. Y el 40% de las que pasan por las manos de Sicar lo consiguen.

Este año, hasta el 31 de abril, 66 de estas mujeres han aceptado colaborar con la policía aportando información en las investigaciones contra los esclavistas. Pero les da miedo. España siguen sin contar con un buen programa de protección de testigos protegidos y los abogados de las mafias saben que al final, si quieren, pueden conseguir el nombre de sus delatores.

«Nosotros tenemos la obligación de contar a esas mujeres los riesgos que corren si colaboran con la policía. Y recordarles que no están obligadas a hacerlo. Hablen o no con la policía, son víctimas», recuerda Cendón.

El programa de las Adoratrices acogió en Catalunya el año pasado a 117 víctimas del tráfico de seres humanos. Más de la mitad eran nigerianas. Y su media de edad, entre los 18 y los 24 años. Lo que significa una disminución en la edad de las mujeres que coincide con las cifras con las que trabaja la Policía Nacional.

El inspector jefe de la UCRIF José Nieto, uno de los policías que más sabe y combate a las mafias de mujeres, asegura que no solo ha descendido la edad de los clientes que recurren a los servicios de la prostitución. «Estos cada vez solicitan mujeres más jóvenes. Por eso cada vez encontramos más menores en los clubs o a jóvenes con aspecto muy aniñado», relata a este diario.

Otro inspector de extranjería con larga trayectoria en la UCRIF cuenta cómo en lo que va de año solo su unidad ha rescatado a cuatro menores de clubs. «Es terrible lo que está pasando. Los dueños de los locales nos cuentan que los clientes las quieren aniñadas». Esta misma semana, la Policía Nacional desarticuló en Málaga una organización que explotaba sexualmente a niñas de 16 años. El jefe de la organización mostraba a los clientes fotografías que guardaba en su móvil de las jóvenes desnudas. Cobraba entre 50 y 60 euros por servicio.

No hay semana en que alguna policía no desarticule una organización de explotación sexual de mujeres. Pero tal como se desmonta una, aparece otra. Entre algunos investigadores especializados en esta materia hay una sensación de desazón, de pozo sin fondo. De historia inacabable que cuenta para persistir con un elemento que no hay que perder de vista, la demanda de unos clientes que en su mayoría siguen sin preguntarse si esa mujer a la que están a punto de tocar acepta ese trabajo de manera voluntaria o lo hace extorsionada y amenazada.

Esta semana el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, presentó una campaña contra la trata, apadrinada en esta ocasión por la periodista Ana Rosa Quintana, que ha dado voz a un espot en el que se invita a las mujeres y los clientes a perder el miedo y a denunciar.

Pero no es fácil. Lo saben las oenegés que las ayudan y lo saben los policías involucrados en la lucha contra las mafias. Hace unos meses, en otra comisaría, un policía de la UCRIF adelantó de su bolsillo los tres meses de pensión de una joven rumana que se había escapado de un club. ¿Por qué lo hace? «Porque es inevitable no implicarte».

El año pasado, el Gobierno solo concedió 52 permisos de trabajo y residencia a víctimas del tráfico de seres humanos. Una cifra que resulta ridícula ante los números de mujeres que se sospecha que están atrapadas. Pero que da una idea de lo muchísimo que queda por hacer si realmente se quiere tomar en serio este grave problema.