Miedo al futuro

El decreto de reforma de la renta mínima de inserción (RMI) levantó ayer airadas protestas de las entidades sociales que trabajan con las personas más desfavorecidas -que conocen de primera mano el problema y que alertan del riesgo de que, en pocos meses, la situación sea aún más complicada- y de los partidos políticos de la oposición, que han encontrado una ocasión de oro para endurecer sus ataques contra la política de recortes de la Generalitat. El Govern, que insiste por activa y por pasiva en lo imprescindible que era revisar las condiciones de la prestación antes de que esta se desbordase, ha ampliado este año la dotación económica de la ayuda hasta los 130 millones de euros. Con todo, el decreto aprobado ayer abre unos cuantos interrogantes.

1 ¿Qué pasará este mes con quienes no cobraron el cheque?

Hay problemas que resolver a largo plazo y otros, a corto plazo. Tan corto que posiblemente mañana mismo, 1 de septiembre, ya hayan estallado. «¿Qué va a pasar con las personas que, por un motivo o por otro, no fueron a cobrar el cheque nominativo correspondiente a la ayuda del mes de julio? ¿Recibirán igualmente la transferencia bancaria?», se pregunta Aurora Huerga, secretaria de Políticas Sociales de Comisiones Obreras (CCOO) de Catalunya. Huerga teme que el caos organizado este mes con el cambio aplicado por el Govern en el sistema de pago de la RMI pueda seguir teniendo efectos negativos para los beneficiarios. Las personas que, por razones ajenas a ellas, no recibieron ese cheque «¿tienen la transferencia garantizada?», dudó la sindicalista. La decisión de pagar con un cheque, que inicialmente se dijo que iba encaminada a combatir el fraude, finalmente resultó ser una fórmula para «poner al día la base de datos de receptores de la ayuda», dijo elconsellerde Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, en su comparecencia del pasado viernes ante la Diputació Permanent del Parlament. La decisión, explicó ese día Mena, se adoptó a instancias de «dos expertos en la materia» que previamente habían estado tratando, durante meses, de unificar las bases de datos de ayuntamientos, entidades y las dosconselleriesimplicadas en la gestión de la ayuda.

2 ¿Era necesario que el Govern actuara con tanta celeridad?

«Lamentamos las prisas y la falta de diálogo. Aún no entendemos por qué era tan urgente dar luz verde al decreto», denunciaba ayer Teresa Crespo, presidenta de las Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) y presidenta también del Consell Assessor de la Generalitat en Polítiques Socials i Familiars. Nadie, absolutamente nadie, acababa de entender ayer la precipitación del Govern. Incluido el PP, que aunque aseguró «compartir el contenido del decreto», dijo «no estar de acuerdo con el procedimiento», en palabras del diputado Enric Millo. Y no solo las prisas. También la falta de diálogo fue objeto de duras críticas. Las de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, por ejemplo, que reclamó «más consenso». También las de Iniciativa per Catalunya, que exigió la retirada del decreto «porque no es fruto del acuerdo con las oenegés que trabajan al lado de los colectivos desfavorecidos, ni con las fuerzas políticas».

3 ¿Qué va a pasar con las personas que sean excluidas?

El Estatut prevé, entre los denominados derechos subjetivos de los catalanes, la percepción de una renta garantizada de ciudadanía por parte de «las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza [...], que les asegure los mínimos de una vida digna». Si no es la RMI, «tendrá que ser otra prestación», avisaron ayer tanto Teresa Crespo como Aurora Huerga. La crítica de fondo a las prisas con que el Govern ha aprobado la reforma de la renta mínima -una reforma por otra parte necesaria, que apoyan todos los partidos políticos y buena parte de las entidades sociales- es que no haya presentado simultáneamente líneas alternativas. Los parados de larga duración pueden, desde luego, recurrir a la renta activa de inserción del Ministerio de Trabajo, pero su tramitación, mucho más lenta, los deja sin ingresos durante los meses que dure el proceso burocrático.

4 ¿La reforma de la RMI encubre otro tijeretazo?

Aunque el portavoz del Govern, Francesc Homs, aseguró que el propósito del decreto es recuperar el espíritu inicial de la renta mínima, que empezó su andadura en 1997 con el objetivo de ayudar a los sectores en riesgo de exclusión social, también admitió que la restricción de la RMI responde a cuestiones presupuestarias: «Es evidente que esto tiene una implicación presupuestaria, no lo negaré. Es una cuestión de priorización», dijo.

Ya lo anunció la diputada del PSC Eva Granados el viernes en el Parlament. Ayer lo volvió a afirmar la secretaria de Políticas Sociales de CCOO: la reforma de la RMI va a suponer «como mucho, un ahorro de 53 millones de euros». O lo que es lo mismo, un 0,22% del presupuesto de la Generalitat para este 2011. «¿Es necesario aplicar ese recorte a costa de los más vulnerables de la sociedad?», lamentó Huerga.