«El mensaje es que no sirves»

El 20 de mayo del 2009, el agente de la Policía Local de Barcelona Vicenç Flores recibió un aviso para que acudiera a lo que podía ser un caso de violencia doméstica. Un individuo estaba agrediendo a una mujer ante las puertas de un supermercado del barrio de Poblenou, en el distrito de Sant Martí. El agente acudió al lugar de los hechos con toda la celeridad que le permitió la moto policial que pilotaba, pero, desgraciadamente, sufrió un accidente que le dejó destrozado el pie derecho. A pesar de que llevaba 10 años de servicio y de que había acumulado una amplia experiencia trabajando en media docena de policías locales de Catalunya, la Guardia Urbana de Barcelona lo jubiló de forma forzosa con apenas 30 años, después de que se le declarara una discapacidad total (de más del 33%). Hace tres años que trabaja en la empresa privada y en la actualidad desempeña las funciones de técnico de medioambiente, calidad y prevención de riesgos laborales en una compañía.

«El mensaje que me dieron es que no sirvo para nada. Como si por tener un pie dañado no pudiera contestar a un teléfono o no pudiera coger una denuncia. Ese es el mensaje: no somos personas», lamenta Flores seis años después, cuando compagina su empleo privado con la presidencia de la asociación que defiende los derechos de los policías locales discapacitados. En su caso, se da además la circunstancia de que los daños que sufrió podrían haber sido menores si en el momento del accidente hubiera llevado el calzado «idóneo» para ir en moto y no unos simples zapatos. Limitaciones impuestas por las restricciones presupuestarias de un cuerpo policial que también afectaron a la moto que conducía, pues las sirenas que tenía no sonaban con la suficiente intensidad, según relata.

La próxima semana, Flores presentará una denuncia por su caso ante el comité de derechos humanos de personas con discapacidad de la ONU, después de que haya tenido dos sentencias contradictorias en Catalunya (ganó el recurso en primera instancia pero el TSJC se lo denegó posteriormente). El organismo internacional que estudiará su caso es el mismo que deberá pronunciarse sobre el informe que ha elaborado el Cermi y que puede acarrear la imposición de sanciones al Estado español.

Predicar en el desierto

«Desde el 2007 estamos diciendo que no se aplican las directivas europeas ni la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y lo que es muy grave es que estas vulneraciones estén siendo permitidas por ciertos tribunales del contencioso-administrativo», explica Àngel Gómez-Quintero, responsable de Ailmed, la asociación que vela por los derechos de los mossos con discapacidad, a la que están adheridos unos 2.000 policías.

Este agente pertenece a la primera promoción de los Mossos de 1983. Durante sus dos décadas de servicio, estudió Criminología y se licenció en Derecho. En el 2003 sufrió una caída estando de servicio y se lastimó la espalda y un codo. Tras una confrontación con la mutua, que alegó que sus problemas de espalda eran previos al accidente, le declararon una discapacidad total del 45%. Permaneció seis años fuera del cuerpo y tras ganar una demanda ha sido readmitido en los servicios jurídicos de los Mossos. «Me tenían que aplicar la ley y recolocar en segunda actividad, pero en realidad no estoy haciendo labores policiales. Lo que más nos duele es cuando nos retiran la placa, el arma y el uniforme. Eso no se olvida», comenta.