La lucha por la transparencia en el Vaticano se cobró ayer las dos primeros imputados. El juez ordenó el procesamiento de Paolo Gabriele, mayordomo del apartamento pontificio, y de Claudio Sciarpelletti, informático de la Secretaría de Estado. El primero está acusado de «hurto grave» y el segundo de «encubrimiento» del primero, porque «ha tenido un papel marginal», según puntualizó ayer el padre Federico Lomardi, portavoz del Papa. Según la acusación, el mayordomo sustrajo, fotocopió y fotografió durante largo tiempo documentos que le eran confiados por razón de su cargo. Es la primera vez en la historia que Santa Sede da publicidad a un proceso interno.

CERCANO 3 Paolo Gabriele, el segundo por la derecha delante del Pontíficie, el pasado 4 de mayo. AFP / VINCENZO PINTO

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Información publicada en la página 2 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 14 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Los gendarmes vaticanos se incautaron en el domicilio de Gabriele de cuatro cajas de documentación y de otros 37 documentos en su estudio en la residencia veraniega de Castel Gandolfo. La policía se hizo con un cheque de 100,000 euros que una universidad latinoamericana había enviado al Papa, una pepita de oro y un libro original del siglo XVI propiedad del Vaticano.

SUMARIO ABIERTO / Se trata de los primeros imputados ya que, como escribe el juez Piero Antonio Bonne, se están realizando otras «múltiples investigaciones» y el sumario permanece abierto para «los otros supuestos delitos que afecten a los imputados y/o a otras personas». Esto hace suponer que caerán otras cabezas.

La divulgación de papeles reservados de Benedicto XVI empezó en febrero. Ha sido el mismo mayordomo quien ha reconstruido sus contactos internos y exteriores a la Santa Sede, principalmente con el periodista italiano Gianluigi Nuzzi. Este publicó la pasada primavera el libro Las cartas secretas de Benedicto XVI, con la ventilación de los documentos, entre ellos un informe sobre la corrupción en el Estado pontificio o las trifulcas para aprobar y sucesivamente endulzar una ley sobre la transparencia bancaria en el Estado pontificio.

Durante los primeros meses del año pareció que dentro del Vaticano se estaba librando un pulso entre favorables y contrarios a la política de transparencia que intentaba imponer el papa Ratzinger, interpretación que se apoyaba en varias circunstancias. Entre ellas la existencia del informe sobre la corrupción, redactado, a instancias del Papa, por el cardenal Carlo María Viganò, a quien premiaron con el nombramiento a nuncio en Washington.

LA LEY ANTIBLANQUEO / En abril del 2011, Joseph Ratzinger dio también el visto bueno a una ley antiblanqueo, elaborada entre otros por Ettore Gotti Tedeschi, presidente del IOR o banco papal, que luego fue cesado por una especie de consejo de administración del instituto. Pero en enero de este año el secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone, retocó la ley, introduciendo una especie de control político sobre la aplicación de la transparencia. Paralelamente se produjo la publicación de documentos reservados, lo que alimentó un supuesto forcejeo entre una parte de la curia y el cardenal Bertone. Se citó también una lucha por la futura sucesión papal, por el hecho de que en el colegio cardenalicio dominaban los electores italianos, propiciados por Bertone.

Gabriele ha ofrecido una colaboración plena, explicando que decidió transgredir las leyes y la confianza «porque consideraba que incluso el Sumo Pontífice no estaba siendo correctamente informado sobre algunos hechos». Muchos en el Vaticano creen que el mayordomo pudo haber actuado en colaboración con personajes implicados en ese pulso.

El mayordomo, que fue detenido el 24 de mayo de este año, cumplió 60 días de prisión preventiva en la cárcel vaticana. Ahora está bajo arresto domiciliario. Ha sido sometido a dos peritajes psiquiátricos, uno por la acusación y otro por la defensa. El segundo concluyó que no era «un sujeto socialmente peligroso», evaluación contraria al primero, que lo consideró «peligroso» en lo que se refiere a los delitos que se le imputan.