Entidades sociales y médicos claman contra la desantención a los simpapeles en casi toda España

Amnistía Internacional,Médicos del Mundo,Red Acoge y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyc) han alertado que dejar sin tarjeta sanitaria, y por tanto sin atención, a los inmigrantes irregulares "podría costar vidas" y podría suponer una "violación de los derechos humanos". Las cuatro organizaciones han firmado un documento donde consideran que el real decreto que entra en vigor este sábado supone una medida regresiva y discriminatoria". En Catalunya, la Generalitat ha garantizada la asistencia sanitaria pública a los simpapeles que lleven tres meses empadronados.

Al mismo que denuncian la discriminación en la asistencia sanitaria, las cuatro entidades sociales y profesionales han solicitado al Gobierno español que revise el decreto para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales y que no adopte represalias contra el personal sanitario que continúe atendiendo a los residentes irregulares.  

Médicos del Mundo ha conseguido ya más de 13.000adhesiones entre profesionales del sector que respaldan laobjeción de conciencia contra la orden que limita el acceso gratuito a lasanidad para losinmigrantes en situaciónirregular. Fuentes de la ONG ha informado este viernes que con la campaña  'Derecho a Curar' muestran su oposición a la medida del Gobierno.

La iniciativa de Según Médicos del Mundo quiere contribuir al proyecto puesto en marcha por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyc) para movilizar a la ciudadanía y luchar contra "un decreto que deja a las personas sin permiso de residencia sin acceso al sistema sanitario público. Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo, ha destacado que la campaña trata de suscitar un movimiento del mundo sanitario contra una medida que choca con la ética profesional, a fin de garantizar la atención médica a toda la ciudadanía.

"Queremos servir de vehículo de transmisión para que el personal sanitario reivindique, ejerza su derecho a la resistencia y su derecho a curar a toda persona que lo requiera, independientemente de su situación administrativa", ha manifestado González.