Cuatro autobuses cargados de inmigrantes subsaharianos arrancaron en la noche del martes ante la comisaría de la ciudad marroquí de Uxda. Entre ellos figuraban, según activistas pro derechos humanos marroquís testigos de ello, los 73 hombres del grupo de 83 personas desalojadas en la madrugada anterior de la Isla de Tierra.
Subsaharianos refugiados en el campus de la Universidad de Uxda, en el este de Marruecos. JOSÉ LUIS ROCA
El destino inminente de esos hombres, la cuota marroquí del acuerdo de reparto entre Madrid y Rabat, no podía ser otro que la desértica tierra de nadie fronteriza con Argelia. «Los abandonarán a su suerte, sin tener en cuenta su estado de salud», denunciaba Hasán Amari, presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en Uxda. Eso sí, todo el mundo sabe que una vez expulsados emprenderán de nuevo el camino de Uxda para intentar una vez más llegar a España. Regreso a la casilla de salida. Vuelta a empezar.
Distinto es el caso de la cuota española del pacto, las dos mujeres y los ocho menores que fueron trasladados primero al peñón de Alhucemas y luego al Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, con la excepción de un chico de 15 años, enfermo de diabetes, que fue hospitalizado. A las madres se les abrirá expediente de expulsión junto a sus hijos ¿lo que no quiere decir que la expulsión pueda consumarse antes del plazo máximo de 40 días de ternamiento¿, mientras que los menores no acompañados quedarán bajo la tutela de la administración.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y SOS Racismo están entre las organizaciones firmantes de un comunicado que acusa al Gobierno de incumplir su propia legislación, la ley de extranjería, ya que esta «obliga a estudiar de forma individual» si los afectados «reúnen los requisitos para acceder a territorio español». Denuncian que «no se les posibilitó la solicitud de asilo», se les negó la tutela judicial y se les ha entregado «a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos».
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