Malvivir con y sin ayuda

Una titular de la RMI, otro a quien le fue denegada y una trabajadora social cuentan sus experiencias

Diego Campoy, de L'Hospitalet, a quien le fue denegada la renta mínima.

Diego Campoy, de L'Hospitalet, a quien le fue denegada la renta mínima.

TONI SUST / BARCELONA

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María Paz Delgado, vecina de L'Hospitalet, cumplió 39 años el pasado viernes. Tiene tres hijos de 14, 13 y 5 años, un niño y dos niñas, con los que vive de forma más que ajustada. Ella los mantiene sola, otra familia monoparental. Titular de la renta mínima de inserción (RMI), trabajaba en labores de limpieza hasta que en el 2009 tuvo a su última hija y no pudo seguir. Cobra la RMI desde el 2010. Por este concepto ingresa 645 euros, el máximo (antes cobraba menos). La cantidad, que ya no daría para mucho, se jibariza cada principio de mes, ya que la mujer paga 430 euros de alquiler por el piso en el que convive con sus hijos en L'Hospitalet. Tiene alguna otra ayuda, como la que de le da la parroquia del barrio, pero el mes se alarga mucho: DIFICULTAD EXTREMA

«La pequeña es la única que todavía tiene beca de comedor. De todo no podemos comer. Y eso que soy diabética».

De la RMI, Delgado no solo obtiene su supervivencia económica. Ha recibido formación y ha hecho prácticas como monitora de comedor de colegio y en un esplai, en la cocina. «Me ha gustado mucho y además por horario es compatible con los hijos». Para esta madre, que tiene una minusvalía de un 36% por problemas de oído, casi todo es difícil: «Vacaciones hago cuando van al colegio. A la playa sí podemos ir, pero somos cuatro, un viaje en metro se nos come la tarjeta». En septiembre se sacará un título de catalán para poder trabajar.

Diego Campoy, también de L'Hospitalet, tiene 52 años. Soltero, vivía con su madre, que murió en febrero. Vivían de la pensión de la mujer. Campoy lleva tiempo sin trabajo. Es uno más de los miles y miles de trabajadores de la construcción en paro. En su caso, un infarto ya torció el camino en el 2007. De su etapa de marmolista le quedan las ganas de volver. «Tengo la esperanza, pero se ve muy negro. Me quedan 15 años para la jubilación». Ha hecho cursos de jardinería, con prácticas, y se presentó a ofertas para peón de obra, pero solo cogen a menores de 30 años.

Campoy no es titular de la renta mínima de inserción. Se la denegaron porque incumple un requisito: haber superado en los últimos 12 meses determinada cantidad de ingresos. Como vivía con su madre, el supuesto es de un hogar con dos personas: no podían superar los 450 euros de ingresos mensuales y la pensión de la madre los excedía. Por eso ahora tiene que esperar unos meses antes de pedir la RMI. El hombre espera lograr en agosto la renta activa de inserción (426 euros). Ahora, su hermana le ayuda a ir tirando.

Sandra Caminal, trabajadora social en la zona de Bellvitge-Gornal, es la referente de Campoy y como tantos de sus colegas vive a un centímetro de la dificultad, la frencuenta cada día. «Nosotros somos los intermediarios. Somos la cara de la prestación, pero no tenemos plena información. Necesitamos una ayuda que dé soluciones. Una familia no puede estar cuatro o cinco meses sin ingresos», proclama.

Caminal dice que pasan de cuatro a seis meses desde que se envía un caso a la comisión que valora las rentas mínimas hasta que esta se posiciona. «Y si se aprueba, pasan otros dos meses antes de cobrar». La trabajadora social reclama agilidad y más recursos de inserción laboral para que la gente pueda salir de la prestación: «No solo trabajamos los temas económicos. El objetivo es la autonomía de la familia. Pero si las necesidades básicas no están cubiertas, es muy difícil».