NUEVO COPAGO en la sanidad pública madrileña
Madrid se traga sus críticas y calca el euro por receta catalán
Calcando el modelo de Catalunya y rompiendo el discurso de la anterior presidenta, Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid implantará el próximo 1 enero el cobro de un euro por receta, tasa con la que espera recaudar 83 millones de euros en el 2013. Según explicó el presidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, de esta «medida disuasoria para impulsar el uso eficiente de los medicamentos» estarán excluidos los mismos grupos que no tienen que abonar ningún copago, es decir, afectados por síndrome tóxico, discapacitados, receptores de la renta mínima de inserción, personas que cobren pensiones no contributivas y parados que hayan agotado el subsidio. Sí pagarán la tasa de un euro, según la Consejería de Sanidad, los jubilados con pensiones contributivas, que además continuarán pagando el porcentaje que establece el real decreto ley del Gobierno en función de su renta. Se establecerá un límite de 72 euros, 11 más que el máximo fijado en Catalunya.
MÁS PRIVATIZACIÓN / Como era previsible, la medida fue duramente criticada por el líder de la oposición, Tomás Gómez, y los representantes de la sanidad pública, que recordaron que la sanidad madrileña ya ha sido sometida a «recortes millonarios» y a un «imparable proceso de privatización». González confirmó que la tasa se acompaña de la privatización de todos los servicios no sanitarios, como cocinas, lavanderías, almacenes o mantenimiento, en toda la red de hospitales de la comunidad, y que se extenderá el modelo semiprivado, iniciado con el Hospital de Valdemoro, a otros seis de reciente construcción. Además, se prevé privatizar hasta el 10 % de los centros de salud en manos de los profesionales que quieran constituir sociedades para gestionarlos. Este modelo, que ya se ha implantado en otras comunidades, prevé adjudicar la gestión de manera prioritaria a grupos de profesionales que ya estén trabajando en el sistema de salud.
CONTRADICCIONES DEL PP / El PP ha dado un recital de contradicciones con respeto a esta tasa. Aguirre negó en marzo del 2011 que fuera a implantarla, «porque no tiene sentido pagar un euro por algo que vale 100» y porque «debe haber una sanidad pública, universal y gratuita», alegó. El pasado marzo la misma Aguirre se comió sus palabras y dejó abierta la posibilidad de la tasa durante un debate en la Asamblea de Madrid. En Catalunya, la líder del PPC, Alicia Sánchez Camacho, criticó en principio al medida pero luego ayudó a su implantación al abstenerse cuando fue votada y aprobada en el Parlament. Después ha reclamado varias veces su derogación y pedido al Ejecutivo de CiU un estudio de su impacto económico.
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