Luz, agua y gas se zampan el 40% de los ingresos de las familias vulnerables

El 40% del presupuesto de las familias vulnerables se destina a pagar los suministros, señala Teresa Crespo, presidenta de las Entitats Catalanes d'Acciò Social (ECAS). Es más de lo que destinan a vivienda en los casos que se benefician de un alquiler social. Xavier Pallarés, miembro de la Aliança Contra la Pobresa Energètica, califica de “excesivo” cualquier cantidad que rebase el 10% de los ingresos familiares porque “limita la capacidad para sobrevivir de la gente”. Los incrementos castigan con fuerza las economías más precarias, ya que después de pagar los suministros y la vivienda, es decir los gastos fijos de la casa, “apenas quedan por persona 100 euros mensuales para hacer frente al resto de los gastos”, asegura Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat 3.

Trilla asegura que el estudio realizado por la fundación pone de manifiesto que más de la mitad (el 54,4%) de los hogares catalanes en riesgo de exclusión tienen dificultades para pagar el recibo de la luz y 3 de cada 10 se han retrasado a la vez en los abonos de las facturas de electricidad, gas y agua. Uno de los problemas más graves que sufren los colectivos más vulnerables es que mientras el importe de los suministros se dispara, ellos cada día se empobrecen más. La pobreza severa se sitúa ya en el 10% de la población. En los últimos años la luz ha subido el 49% y el agua el 38%, denuncian diferentes organizaciones sociales.  

La situación continúa agravándose porque las tarifas siguen subiendo. El recibo medio de electricidad ha subido el 8,3% en octubre, lo que representa que por sexto mes consecutivo se han encadenado los aumentos, según datos facilitados este lunes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Debido a las alzas de precios, el porcentaje de familias que no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada ha subido 3,5 puntos en el periodo que va del 2013 al 2015, lo que incide en el bienestar.

Para frenar este sobreendeudamiento de las familias en riesgo de exclusión social, la alianza propone que “el mercado eléctrico tenga unas tarifas sociales adaptadas a la renta familiar” y reivindica “el consumo mínimo garantizado”. En agua, la Organización Mundial de la Salud lo estima en 100 litros diarios por persona, pero en energía hay que tener en cuenta, según las entidades sociales, diferentes factores, como las instalaciones de la vivienda y el aislamiento de la misma.

REBAJAR POTENCIA

Trilla da algunas recomendaciones para abaratar la factura: que se ayude a los hogares a bajar consumos, con talleres sobre esta materia, y se revise la potencia de los contadores, ya que “es excesiva para las necesidades de algunas familias”. La presidenta de la fundación reclama a las compañías eléctricas que imiten el bono social que aplican las empresas suministradoras de agua y que representa una rebaja de 29 euros en la factura. A Trilla le parece “inconcebible” que con los beneficios que tienen las compañías eléctricas no ayuden suficiente a los colectivos más vulnerables. Crespo califica de “nefasto” el sistema eléctrico porque afirma que “el Gobierno no ha sabido entender la electricidad como un servicio público para ayudar a las familias y lo ha dejado todo en manos de empresas privadas”.

A la Aliança Contra la Pobresa Energètica le trae de cabeza la composición de las facturas porque además de ser muy difíciles de comprender, “aunque la gente no puede pagar los consumos, debe abonar la parte fija del recibo que representa el 50% del total”.  El precio de la luz es tan elevado que lo primero que explican los usuarios cuando piden ayuda a la alianza es: “No hago nada y pago 60 euros mensuales”.