Los simpapeles volverán al médico

Los 900.000 inmigrantes que viven en situación irregular en España podrían recuperar a medio plazo el derecho a la asistencia sanitaria pública de la que en el 2012 les privó el Gobierno de Mariano Rajoy. Si el pasado abril el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, adelantó que se concedía a ese colectivo el derecho a acudir a los centros de salud de asistencia primaria -no a los hospitales ni a los médicos especialistas-, ayer dio un nuevo paso en la misma dirección al anunciar que estudia «devolver» la asistencia sanitaria completa a los simpapeles que lleven un año empadronados en España. Esto, puntualizó Alonso, «en ningún caso» supondrá derogar el decreto 16/2012 que suprimió el derecho a aquella asistencia. El consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, también del PP, se acercó a la misma idea. Es más , sostuvo sin empacho que su Gobierno «siempre se ha mostrado solidario» con los extranjeros sin documentación regularizada. Este posicionamiento fue consecuencia de la concentración que ayer protagonizaron frente al Ministerio de Sanidad decenas de personas, convocadas por las organizaciones Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), que exigían la restitución de la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud, un derecho que quedó en suspenso con el citado decreto del 2012.

La supresión del acceso a la sanidad pública de los inmigrantes simpapeles decretada por el PP no fue seguida por todos los gobiernos autónomos españoles, lo que ha conducido a una situación que ahora resulta molesta para el titular de Sanidad. Catalunya mantuvo la asistencia completa a los inmigrantes en situación irregular, aunque se les dota de una tarjeta válida exclusivamente en Catalunya. Algo similar ha ocurrido en el País Vasco, Asturias, Canarias y Andalucía. El Gobierno de Rajoy, por su parte, ha ofrecido asistencia a 185.000 menores y mujeres embarazadas que la han solicitado, ya que ambos colectivos no quedaron afectados por el decreto supresor del 2012. El ahorro conseguido por la privación de esa asistencia no ha sido el esperado, reconocen desde Sanidad, que sigue defendiendo, no obstante, el freno al turismo sanitario -ciudadanos de la UE que venían a visitarse a España- que consiguió de inmediato el decreto de hace tres años.