Los presos entran en la sanidad catalana con 10 años de retraso

La doctora Núria Teixidó, directora médica de la prisión catalana de Brians 1, ha intercedido en tres ocasiones para que Justícia conceda la libertad condicional a su paciente más anciano, un hombre de 86 años con un historial médico tan cargado de infecciones, traumatismos y conflictos psíquicos como el resto de sus pacientes -1.000 reclusos hombres y 300 mujeres-, y con serias dificultades para afrontar entre rejas el último tramo de su vida. «Se nos está deteriorando mucho, pero el juez dice que no, que no sale», comenta la doctora. Ese «no» es argumentado desde Justícia con los elementos de una sentencia condenatoria, un detalle que Teixidó respeta pero no comparte del todo. «Para nosotros son pacientes», sintetiza, prudente.

«Si ha habido delitos de sangre, o si han delinquido de mayores, los jueces son inflexibles. No se arriesgan», apunta Elisabet Turú, directora del programa de salud penitenciaria de la Conselleria de Salut, un proyecto que desde el pasado 1 de octubre atienden 280 sanitarios -de ellos, 73 médicos- adscritos al Institut Català de la Salut (ICS). Ofrecen asistencia a los 15.000 reclusos de las prisiones de Catalunya.

La transferencia de la sanidad penitenciaria del Departament de Justícia al de Salut se produce con 10 años de retraso. Este traspaso quedó establecido en la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud aprobada en mayo del 2003, que concedía 18 meses para completar la integración de la asistencia sanitaria que reciben los reclusos en el sistema sanitario público de cada comunidad autónoma. Catalunya, no obstante, ha sido la primera y única en hacerlo, ya que el resto de comunidades no han recibido la competencia de prisiones, que aún dependen del Ministerio del Interior.

Hasta ahora, los presos han sido atendidos en Catalunya por personal sanitario de Justícia, unos profesionales desvinculados de la sanidad pública que, por esa misma razón, no insertaron el historial clínico de los reclusos en las redes informáticas que gestiona el Servei Català de la Salut (CatSalut), ni podían acceder a él ante la llegada de un nuevo recluso, en busca de sus antecedentes médicos. «El expediente sanitario de los internos nos llegaba en blanco, no había historia clínica ni continuidad asistencial, ni en el acceso ni a la salida -explica Teixidó-. Nos teníamos que creer lo que ellos nos decían, porque podía ser real». Si alegaban que eran epilépticos -no pueden permanecer solos-, cardiópatas, diabéticos necesitados de inyecciones de insulina o alérgicos al pescado (porque no les gustara el pescado), asumían que era cierto, ya que no disponían de pasado clínico que negara o confirmara esos datos.

A partir de ahora, la historia médica de los reclusos viajará por la red del CatSalut, y se podrá acceder a ella desde cualquier centro sanitario público de Catalunya, incluidos los de las prisiones. A la salida de la cárcel, el recluso recibirá una tarjeta sanitaria, y se le asignará un enfermero de enlace que tutelará su integración en el sistema: un CAP, un médico y un contacto con los servicios de salud mental. En Brians 1 ejercen 10 médicos, 11 enfermeros y 16 auxiliares. Son las mismas personas que trabajaron para Justícia, ahora transferidas al ICS, y atienden, aún, con la misma tecnología diagnóstica heredada de Justícia. Un equipo de rayos -«está averiado», murmura un empleado que pide anonimato-, y dispositivos para realizar análisis de sangre.

El espacio sanitario de Brians está en el corazón de la cárcel. Allí transcurre el tiempo de condena para 28 reclusos que ocupan las camas del módulo de enfermería. Las puertas de esas habitaciones, de cuatro, dos o una cama, tienen los mismos resortes de seguridad que el resto de celdas. Una docena de ellas tienen ocupante fijo. «Para un interno, su salud es lo de menos. No la valora», dice Teixidó, médica de prisiones desde 1995, seis años en la Modelo. No obstante, solicitan visita médica con una asiduidad muy superior a la de los ciudadanos en libertad. Un 22% de sus pacientes en Brians están infectados por el virus de la hepatitis C, otro 11% sufren el VIH y un 42% tienen una tuberculosis inactiva. El 40% toman psicofármacos. Toda la medicación que se ofrece se toma en presencia de un sanitario. Un 8% de los reclusos se declaran consumidores de drogas al ingresar en la prisión y 121 reciben metadona, en sustitución de la heroína. A estas dolencias se suman las infecciones raras que han importado el 50% de presos nacidos fuera de España. De 100 nacionalidades.