Los partidos no plantean cambios en la legislación

El debate de la eutanasia es un Guadiana que aparece y desaparece de la agenda pública a golpe de historias personales. Está presente cuando surge algún caso sonado y el resto del tiempo no parece figurar entre las prioridades de la población. Sin embargo, el número de personas que han firmado el testamento vital no ha parado de crecer en los últimos años: ya hay 53.000 ciudadanos en Catalunya y 170.000 en toda España, la mayoría mujeres, que han declarado expresamente su deseo de morir sin dolor.

La popularidad de los tratamientos que hacen más llevadero el tramo final de la vida a los enfermos desahuciados contrasta con el escaso reflejo que esta demanda tiene en los programas de los partidos políticos. El Barómetro Sanitario del CIS del 2011 reflejaba que el 77,5% de la población es partidario de que se apruebe una ley que regule el derecho a tener una muerte digna, pero actualmente no hay a la vista ningún cambio en la legislación. El nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, sugirió recientemente en un mitin que ese derecho debía incluirse en la reforma de la Constitución, pero la idea no se ha trasladado hasta la fecha a una propuesta firme.

Hoy sigue rigiendo el artículo 143 del código penal de 1995, que condena a penas de prisión de seis a 10 años a todo el que coopere en el suicidio de una persona. La ley de autonomía del paciente, del 2002, regulaba el testamento vital, pero desde entonces solo tres comunidades autónomas -Andalucía, Aragón y Navarra- han dictado leyes específicas referidas al último tramo de la vida de los ciudadanos. Los parlamentos del País Vasco y Canarias han anunciado su intención de debatirlo.

LA ÚLTIMA PALABRA

El texto andaluz, del 2010, es considerado el reglamento más avanzado de España en asistencia a los enfermos terminales que desean vivir ese trance en las mejores condiciones, ya que les concede la última decisión sobre los tratamientos a seguir. Sin embargo, está lejos de leyes como la holandesa y la belga, que hablan abiertamente de suicidio asistido y eutanasia.

«La sociedad está madura para afrontar este debate, pero los partidos no se atreven a plantearlo. Tienen miedo a la palabra eutanasia, que sigue dando yuyu porque hay quien insiste en confundirla con la eugenesia», señala Luis Montes, presidente federal de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que calcula que cada año se dan en España entre 8.000 y 13.000 solicitudes de eutanasia ignoradas.

Que la legislación no la contemple no significa que no esté presente. «Hay multitud de eutanasias encubiertas, pero no trascienden, o los jueces no se atreven a juzgarlas. Nunca se ha condenado a nadie en España por este motivo», destaca Gustavo Subirats, portavoz de la asociación Dret a Morir Dignament.

Desde el 2008, al menos ocho españoles han viajado a Suiza para que les ayudaran a suicidarse. Para concienciar a la población, DMD acaba de lanzar la campaña El anuncio más largo del mundo, que muestra en un vídeo de 25 horas ininterrumpidas cómo es la vida de un enfermo terminal y cuestiona hasta dónde es posible aguantar esa situación.